Tegucigalpa, Honduras — Las recientes elecciones primarias en Honduras han puesto en el centro del debate no solo la eficiencia del proceso electoral, sino también la gestión y asignación de los recursos financieros destinados a garantizar su transparencia y eficacia.
Con un presupuesto que superó los 2,000 millones de lempiras, surgen cuestionamientos sobre la pertinencia y el destino de estas sumas en un contexto de resultados inciertos y denuncias de irregularidades.
Desglose del presupuesto electoral
El Consejo Nacional Electoral (CNE) solicitó inicialmente 1,492 millones de lempiras para la realización de las elecciones primarias de 2025. Este monto representó un incremento del 30% en comparación con el proceso electoral de 2021, justificado por el aumento en el número de electores, la incorporación de nuevas tecnologías y el crecimiento en la cantidad de partidos políticos participantes.
Sin embargo, en febrero de 2025, el Congreso Nacional aprobó una ampliación presupuestaria de 561 millones de lempiras, elevando el total destinado al proceso primario a más de 2,000 millones de lempiras.
Esta ampliación generó controversia, especialmente al considerar que en procesos anteriores se habían observado incrementos significativos en la ejecución presupuestaria respecto a lo inicialmente aprobado.
Incertidumbre y falta de planificación
El Foro Social de la Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (FOSDEH) ha alertado sobre la falta de asignación presupuestaria adecuada y la incertidumbre que rodea al proceso electoral. Instituciones clave como el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) y la Unidad de Política Limpia han recibido presupuestos que no reflejan sus necesidades operativas, lo que podría comprometer la integridad y transparencia de las elecciones.
Por ejemplo, la Unidad de Política Limpia solicitó 124 millones de lempiras, pero solo se le asignaron 51 millones, limitando su capacidad para fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas.
La asignación y ejecución del presupuesto electoral en Honduras evidencian una desconexión preocupante entre la inversión realizada y los resultados obtenidos.
La falta de planificación rigurosa, sumada a asignaciones presupuestarias controversiales y una ejecución cuestionable, pone en entredicho la eficiencia del gasto público y la fortaleza de la democracia hondureña.