Tegucigalpa, Honduras. — La designada presidencial María Antonieta Mejía denunció este lunes una serie de presuntas irregularidades cometidas por autoridades salientes del gobierno anterior, entre ellas el incremento salarial a unos 5,000 docentes mediante la figura de “asistencias técnicas”, contrataciones masivas, convenios con personal extranjero en Salud y Educación, y la desaparición de documentación oficial en varias dependencias del Estado.
En declaraciones brindadas en entrevista radial, Mejía afirmó que alrededor de 5,000 docentes pasaron de una jornada regular a la modalidad de “asistencia técnica”, elevando su salario de aproximadamente 34,000 a 75,000 lempiras mensuales.
Según la funcionaria, este proceso se habría realizado sin cumplir los procedimientos administrativos correspondientes, lo que podría generar un “vicio de nulidad” en los nombramientos.
La designada señaló que, aunque las asistencias técnicas están contempladas en el presupuesto de Educación, deben otorgarse mediante concursos y procesos formales. Agregó que el equipo legal de la Secretaría de Educación revisa actualmente estos casos para determinar si se ajustaron a la normativa vigente y si el presupuesto 2026 permitirá sostener dichos compromisos salariales.
Mejía también cuestionó la contratación de profesionales cubanos en el sector Salud y Educación. Indicó que se han identificado dos tipos de convenios mediante los cuales se pagaban aproximadamente seis millones de lempiras mensuales a 59 médicos, recursos que eran canalizados a través de Inprema e Injupemp.
Las autoridades aseguran que actualmente revisan los términos y condiciones de esos acuerdos.
En otro punto, la funcionaria aseguró que durante el proceso de transición se encontró ausencia de documentación de respaldo en distintas secretarías de Estado, lo que ha retrasado pagos a proveedores y compromisos financieros. “No se ha encontrado documentación soporte en varias dependencias”, afirmó, agregando que se ha solicitado a empresas presentar documentación original y certificada para proceder con desembolsos.
Mejía también denunció que el Sistema Nacional de Emergencias 911 habría sido infiltrado por el crimen organizado y anunció una reestructuración masiva del personal y los contratos vinculados a su operatividad.
Sostuvo que las intervenciones institucionales serán temporales y orientadas a restablecer controles administrativos.
Asimismo, señaló que el gobierno actual ha iniciado un proceso de reducción del aparato estatal tras encontrar finanzas “lastimadas”, y reiteró que las acciones se ejecutarán en el marco de la ley, garantizando los derechos laborales.
Las denuncias formuladas por la designada presidencial se producen en medio del proceso de transición administrativa y podrían derivar en revisiones legales y auditorías adicionales en las próximas semanas.
