La decisión de la presidenta Xiomara Castro de suspender el tratado de extradición con Estados Unidos, motivada por los recientes comentarios de la embajadora Laura Dogu sobre la presencia de altos mandos militares hondureños junto a un funcionario venezolano señalado por narcotráfico, ha generado una tormenta política que no debe sorprender a nadie.
Para muchos, esta acción no es más que una crónica anunciada, un desenlace previsible en un país donde las conexiones entre el poder y el crimen organizado parecen ser una constante.
La reacción del gobierno de Libre ha sido rápida y contundente. Sin embargo, lo más revelador ha sido el silencio de la cúpula militar, que ha optado por no pronunciarse sobre el tema, como si eludir la controversia pudiera borrar la sospecha que ahora pesa sobre ellos. Este silencio, en lugar de apaciguar las aguas, solo alimenta más las dudas y las teorías de encubrimiento.
La suspensión de la extradición es un golpe duro para la lucha contra el narcotráfico en Honduras, un país que durante años ha sido un punto clave en el tránsito de drogas hacia el norte. Al cortar este importante lazo con Estados Unidos, el gobierno de Castro envía un mensaje preocupante: proteger a quienes tienen cuentas pendientes con la justicia norteamericana podría estar por encima del interés nacional.
Pero en este juego de poder y estrategia política, quien realmente sale perdiendo es el pueblo hondureño. Un pueblo que ha sido testigo durante décadas de cómo la clase política manipula el sistema para protegerse a sí misma, mientras los ciudadanos comunes enfrentan las consecuencias de la corrupción y la impunidad. ¿Cuánto más puede soportar una sociedad que se siente traicionada por aquellos que se supone deben protegerla?
El costo de esta decisión no se verá de inmediato, pero es inevitable que las consecuencias alcancen a todos. La erosión de la confianza en las instituciones, la perpetuación de la impunidad y la consolidación de una cultura donde el poder se usa para el beneficio personal son síntomas de un país que está peligrosamente cerca de perder su rumbo o ya lo perdio.
Este episodio marca un punto de inflexión en la historia reciente de Honduras. Es un recordatorio de que, cuando el poder se concentra en pocas manos y se utiliza para proteger intereses oscuros, todos terminamos pagando un precio. El verdadero costo de esta decisión aún está por verse, pero una cosa es segura: será el pueblo hondureño quien, una vez más, cargue con el peso de las malas decisiones de sus líderes.
