Tegucigalpa – El diputado Jari Dixon presentó este lunes una denuncia formal ante el Ministerio Público contra los funcionarios que aprobaron las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs), solicitando que sean juzgados por el delito de traición a la patria. Según Dixon, los responsables deben rendir cuentas por haber comprometido la soberanía del país.
Dixon pidió al Ministerio Público que obtenga una copia certificada de la sesión en la que se aprobó la ley de las ZEDEs, para confirmar la identidad de los diputados que votaron a favor. Según el artículo 555 del Código Penal, los acusados podrían enfrentar penas de entre 15 y 20 años de prisión, además de la inhabilitación para cargos públicos durante 40 años.
El diputado calificó las acciones de estos funcionarios como una “traición a la patria”, afirmando que asumieron funciones indebidas al actuar como si fueran parte de una asamblea nacional constituyente.
No obstante, analistas como Kenneth Madrid señalan que los diputados no podrían ser procesados por este delito, argumentando que si se castiga a los responsables de aprobar leyes declaradas inconstitucionales, también debería juzgarse al presidente y a otros altos funcionarios por sus decisiones. Según estos expertos, los excesos legales suelen corregirse a través de la jurisdicción contencioso-administrativa, no penal.
El debate sobre la legalidad y las consecuencias de las ZEDEs continúa generando controversia en el ámbito político y judicial de Honduras.
