La transparencia electoral vuelve a estar bajo la lupa. Un informe de auditoría forense ha encendido las alarmas al revelar que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, habría provocado un déficit crítico en el sistema de transporte electoral durante los comicios primarios del 9 de marzo de 2025, comprometiendo gravemente la logística del proceso.
Según el documento, Ochoa ordenó el desvío de al menos 50 unidades vehiculares del Estado hacia las Fuerzas Armadas, justo un día antes de la jornada electoral, lo que dejó sin disponibilidad a la flota destinada a distribuir las maletas electorales y los kits tecnológicos.
Joel Ramos, exgerente del proyecto de transporte del CNE, confirmó haber recibido instrucciones directas del consejero para que los vehículos estuvieran listos a las 4:30 de la mañana del domingo en el Campo Parada Marte, no para tareas de distribución electoral, sino para “verificar instalación de equipos tecnológicos” en centros de votación.
Este movimiento provocó un vacío logístico de alto impacto: “No se solicitaron vehículos adicionales al Gobierno, sino que se tomaron de los ya asignados, lo que afectó directamente la carga y entrega de material electoral”, explicó Ramos en el informe.
Pero la controversia no termina ahí. El documento revela que Ochoa también dio órdenes contrarias a las de la consejera presidenta, solicitando el retorno de varios autobuses al Instituto Técnico Honduras, cargados con maletas y equipos listos para su entrega.
Además, se incumplió el contrato original al cambiar camiones de carga por autobuses, alterando la naturaleza del transporte contratado por el CNE.
El rol de las Fuerzas Armadas también es cuestionado. El informe señala que los militares, lejos de apoyar el proceso, ordenaron detener durante horas los autobuses con material electoral en diferentes puntos del Distrito Central, sin causa justificada y sin informar al Centro Logístico Electoral. “No existe razón válida que justifique esa inactividad”, concluye el análisis forense.
Las revelaciones son graves. No se trata de fallas técnicas o improvisaciones de último minuto: hablamos de decisiones deliberadas, contrarias a las instrucciones oficiales, que minaron la confianza en el proceso y generaron caos en uno de los momentos más delicados de la jornada electoral.
La ciudadanía merece respuestas. ¿Quién responde por el sabotaje logístico? ¿Por qué se desobedecieron las directrices institucionales? ¿Quién se beneficia del caos?
Lo que deja claro este informe es que, en vez de fortalecer la institucionalidad democrática, algunos actores prefirieron actuar por cuenta propia, poniendo en riesgo el derecho de los hondureños a unas elecciones íntegras y confiables. El país exige verdad, responsabilidades y garantías para que esto no vuelva a repetirse.
