En medio de una crisis sin precedentes en el Congreso Nacional, la Junta Permanente tomó la controvertida medida de juramentar de forma “interina” a Johel Zelaya como Fiscal General y a Mario Morazán como Fiscal Adjunto del Ministerio Público.
Aunque esta acción fue respaldada por la Comisión Permanente, ha generado una ola de críticas por parte de expertos en derecho y la oposición política, que la consideran como un acto “ilegal”.
Según las declaraciones del diputado Rasel Tomé de Libre, Zelaya y Morazán ocuparán estos puestos de manera temporal hasta que se logren los acuerdos necesarios entre las diferentes fuerzas políticas para una elección permanente con al menos 86 votos.
Tras la juramentación, el presidente del Congreso, Luis Redondo, ordenó la pronta publicación del decreto en el Diario Oficial La Gaceta. Además, se designó una comisión de acompañamiento integrada por los diputados Silvia Ayala, Ramón Barrios, Angélica Smith y Jari Dixon, con el fin de respaldar a la nueva administración del Ministerio Público.
Por su parte, el jefe de bancada nacionalista, Tomás Zambrano, expresó su preocupación, calificando esta acción como un “abuso” y una “ilegalidad” que podría conducir al país hacia una dictadura.
En la misma línea, el designado presidencial Salvador Nasralla lamentó que se esté poniendo fin al estado de derecho y que se esté instaurando un régimen dictatorial en Honduras. Además, advirtió sobre posibles repercusiones a nivel internacional.
Julieta Castellanos, reconocida socióloga, opinó que los diputados de Libre están actuando movidos por intereses particulares y un afán desmedido de poder, sin importarles su imagen ni las consecuencias legales de sus acciones.
Sus declaraciones reflejan la creciente preocupación sobre el estado de la democracia en el país y la necesidad de preservar el respeto por el imperio de la ley.
