En un episodio que parece sacado más de una novela turca de bajo presupuesto que de un expediente serio de investigación, el Fiscal General de la República presentó como pruebas incriminatorias unos audios que —según él— evidencian un plan para desestabilizar el país.
El problema es que los tres hondureños acusados no tienen pasado militar, no poseen entrenamiento policial y, hasta donde se sabe, ni siquiera han organizado una toma escolar… pero ahora se les trata como si fueran los terroristas mas buscados.
La reacción popular no se hizo esperar: indignación, burlas y una creciente sensación de que el Fiscal no solo quiere convencer a los jueces, sino reescribir la narrativa nacional.
Criminólogos e investigadores independientes han calificado los audios como pruebas “pobres y sacadas de contexto”, casi como si hubiesen sido pescadas al azar de grupos de chat.
Según varios analistas, el mensaje del Estado es claro: no se tolerarán críticas contra la presidenta ni contra su “noble familia”. Y la lista de advertencias es cada vez más amplia: ya fueron contra la prensa, luego contra las iglesias, y ahora contra tres ciudadanos que hasta ayer eran perfectos desconocidos.
El objetivo, según estos expertos, no es solo judicial, sino psicológico: infundir miedo y autocensura en la población.
La sátira de la calle resume el sentir colectivo: “Tenga cuidado con lo que escribe hasta en el grupo de WhatsApp familiar… no vaya a ser que el chiste de degollar al cerdito para el cumple de Moncha termine en acusación por conspiración contra el Estado”.
