La presión de Estados Unidos sobre Nicolás Maduro escaló este jueves con el despliegue de fuerzas navales en el sur del mar Caribe, en lo que el Pentágono describe como una operación para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
La maniobra, respaldada por declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio —quien calificó al régimen venezolano como “una organización criminal”—, marca un nuevo capítulo en la ofensiva de Washington contra el chavismo y sus presuntos aliados en el narcotráfico.
“Hay grupos narcoterroristas que operan en la región utilizando aguas y espacio aéreo internacionales para transportar veneno a Estados Unidos, y esos grupos serán confrontados”, afirmó Rubio, en un mensaje difundido por el Departamento de Estado.
Pero la demostración de fuerza no se limita al Caribe. En México, reportes de prensa confirmaron el sobrevuelo de un dron estadounidense, aparentemente para recabar inteligencia sobre líderes de cárteles designados como organizaciones terroristas.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que el dron fue solicitado por su gobierno, la acción elevó tensiones regionales y encendió el debate sobre soberanía.
La fiscal federal estadounidense Pamela Bondi acusó el miércoles que el régimen venezolano paga a Honduras, Guatemala y México por permitir el uso de su espacio aéreo en el trasiego de drogas. Las reacciones no se hicieron esperar: mientras gobiernos centroamericanos rechazaron las acusaciones, Tegucigalpa mantuvo un inusual silencio institucional.
El Pentágono, siguiendo órdenes del presidente Donald Trump, ha identificado a los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, al Tren de Aragua y al Cártel de los Soles venezolano, junto con la Mara Salvatrucha, como amenazas a la seguridad nacional.
Con esa base legal, se activó una estrategia militar y judicial para perseguirlos como organizaciones narcoterroristas.
En Honduras, la Cancillería emitió un breve comunicado negando la implicación en actividades ilícitas, pero la Presidencia, el Ministerio Público y las fuerzas de seguridad evitaron pronunciarse directamente sobre la acusación de Bondi.
El contraste es notorio: mientras el fiscal general Johel Zelaya ha denunciado conspiraciones contra el expresidente Manuel Zelaya, no ha hecho comentarios sobre las acusaciones de Washington.
Analistas advierten que el alineamiento del gobierno de Xiomara Castro con Maduro podría tener repercusiones diplomáticas y económicas. “Cuando la fiscal general de Estados Unidos hace una acusación, es porque ha pasado por procesos de investigación rigurosos”, señaló el dirigente liberal Arístides Mejía.
El despliegue naval incluye dos buques de guerra patrullando aguas estratégicas para interrumpir rutas de cocaína desde Venezuela y Colombia hacia México y, de ahí, a EE. UU. Paralelamente, la vigilancia aérea con drones se perfila como herramienta clave para operaciones de precisión contra cabecillas criminales.
La combinación de presión militar, sanciones económicas y recompensas millonarias —como los 50 millones de dólares ofrecidos por la captura de Maduro— confirma que Washington no busca solo frenar el narcotráfico, sino aislar políticamente al chavismo y debilitar a sus aliados en la región.
