Tegucigalpa, Honduras. – El analista político Luis León lanzó duras críticas este lunes al cuestionar el desconocido paradero de cuatro radares adquiridos en 2014 con fondos de la Tasa de Seguridad, cuya inversión superó los 700 millones de lempiras.
La polémica vuelve a encenderse en momentos en que el país enfrenta crecientes desafíos en materia de narcotráfico y control del espacio aéreo.
En 2014, el gobierno de entonces justificó que la ubicación de los radares no podía hacerse pública por “motivos de seguridad nacional”. No obstante, con el paso de los años, informes de organismos como Transparencia Internacional confirmaron que no lograron identificar dónde estaban instalados los equipos, pese a la millonaria inversión realizada con recursos de los contribuyentes.
El analista Luis León considera que este argumento ya no resiste el escrutinio público:
“Ahora la narrativa oficial es que no tenemos radares, entonces surge una duda sobre la inversión que hizo el pueblo hondureño.
¿Dónde están los radares? También nos hace preguntarnos de qué manera se ha estado brindando seguridad a la soberanía del país en tierra, agua y aire”.
Mientras las Fuerzas Armadas de Honduras destacan la colaboración internacional en el combate al narcotráfico –principalmente con Estados Unidos y países vecinos–, la pregunta de fondo es qué pasó con el equipamiento que supuestamente debía darle al país capacidad autónoma de vigilancia aérea.
León planteó que las autoridades militares deben rendir cuentas claras:
“Es importante que las Fuerzas Armadas expliquen qué pasó con los radares. Si no hubo mantenimiento, si tenían un tiempo de vida útil o si quedaron obsoletos. Lo que no se puede justificar es que se diga que no tenemos el equipo cuando el pueblo ya pagó por ello”.
La ausencia de respuestas sobre los radares coincide con la realidad de que Honduras sigue figurando como una de las principales rutas del narcotráfico que conecta América del Sur con Norteamérica.
El ingreso de avionetas y vuelos irregulares a territorio nacional refleja, según analistas, una falta de control efectivo en el espacio aéreo, situación que debilita los esfuerzos de soberanía y la capacidad del Estado de frenar estructuras criminales.
El silencio institucional alrededor de los radares se suma a otros cuestionamientos sobre el uso de la Tasa de Seguridad, un tributo creado con el fin de fortalecer las capacidades del Estado en seguridad y defensa, pero que en la práctica ha sido señalado por falta de transparencia y rendición de cuentas.
