Trujillo, Colón. Una pareja de ciudadanos canadienses anunció su decisión de abandonar Honduras tras denunciar la invasión de su propiedad por un grupo armado en el municipio de Trujillo, en la costa norte del país.
Según relataron, más de 40 personas ingresaron a los terrenos, bloquearon los portones, izaron una bandera y advirtieron que “no se moverían de ahí”.
“Estamos asustados, tememos por nuestras vidas. Llamamos a la Policía, pero lo único que hicieron fue ponernos a llenar formularios. Nadie nos protegió”, expresó la pareja antes de salir del país.
El caso se suma a una serie de denuncias de ocupaciones ilegales que en los últimos meses han generado tensión entre inversionistas, propietarios y grupos campesinos en el litoral atlántico.
El hecho ha provocado reacciones políticas y empresariales. El diputado del Partido Libertad y Refundación (LIBRE), Juan Barahona, afirmó que en el país “no hay invasores, sino recuperadores de tierra”, argumentando que muchos campesinos buscan producir en terrenos ociosos.
“La concentración de tierras en pocas manos genera estos conflictos. Si no hay una política seria de distribución equitativa, los campesinos seguirán recuperando terrenos nacionales para cultivar”, dijo Barahona.
Sin embargo, la declaración ha generado rechazo entre sectores empresariales y organizaciones de la sociedad civil que consideran peligrosa esa narrativa. El vicepresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Enrique Jaar, calificó las invasiones como “nefastas” y advirtió que “destruyen la seguridad jurídica, frenan la inversión y ahuyentan a quienes generan empleo”.
“Casos como el de la ministra de Turismo, Yadira Gómez, que también fue víctima de una invasión, reflejan una preocupante falta de respeto al derecho de propiedad. El gobierno debe actuar de inmediato para garantizar la confianza y la seguridad de los inversionistas”, añadió Jaar.
Trujillo, un destino turístico conocido por su belleza natural y su cercanía con comunidades de expatriados, ha visto aumentar las tensiones por disputas de tierra en los últimos años.
En varias zonas del departamento de Colón, la débil presencia del Estado y la falta de respuesta oportuna de las autoridades policiales han permitido que grupos organizados ocupen propiedades privadas sin consecuencias inmediatas.
El caso de los canadienses, quienes residían legalmente en Honduras y habían invertido en proyectos turísticos, pone nuevamente sobre la mesa la preocupación por la inseguridad jurídica que enfrentan tanto nacionales como extranjeros.
Analistas consultados señalan que la situación no solo afecta la confianza de inversionistas extranjeros, sino que agrava la percepción de impunidad y deteriora la imagen internacional del país. “Un país donde se invaden propiedades sin consecuencias es un país donde nadie quiere invertir”, comentó un economista del litoral norte bajo condición de anonimato.
Mientras tanto, la pareja canadiense prepara su salida definitiva del país. “Nos duele irnos, amamos Honduras, pero ya no nos sentimos seguros”, dijeron antes de tomar su vuelo desde San Pedro Sula.
