El Congreso Nacional de Honduras ha negado entregar los informes detallados sobre viáticos, pasajes y liquidaciones de viajes del presidente del Legislativo, Luis Redondo, alegando razones de “seguridad personal” y “riesgo a la estabilidad del Estado”, pese a que la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública obliga expresamente a divulgar toda información relacionada con el uso de fondos públicos.
La decisión, según juristas y especialistas en rendición de cuentas, representa un retroceso preocupante para la transparencia institucional en el país.
La respuesta oficial fue emitida a la solicitud SOL-CN-1670-2025, mediante la cual se pidió copia de los informes y liquidaciones correspondientes al período 2022-2025. En su resolución, la Oficina de Transparencia del Congreso fundamentó la negativa en el artículo 3 de la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo, clasificando a Redondo como “funcionario en riesgo extraordinario, categoría uno”, lo que —según el Congreso— justifica no divulgar información sobre sus destinos, itinerarios y objetivos de viaje.
Sin embargo, esta justificación contradice los artículos 3, 4, 13 y 25 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que establecen que toda información vinculada al manejo de recursos estatales es pública por naturaleza.
Los gastos en viáticos, boletos y hospedajes no forman parte de información sensible ni comprometen operativos de seguridad, por lo que no pueden ser clasificados como reservados.
El artículo 25 de la norma es claro: “Ninguna institución podrá clasificar como reservada información relativa a la administración, ejecución o destino de los fondos públicos”.
Expertos en derecho administrativo consultados por El Comejamo señalaron que la decisión del Congreso “carece de sustento legal” y constituye “una violación directa al principio constitucional de publicidad de la gestión pública”.
Desde que asumió la presidencia del Congreso en 2022, Luis Redondo ha encabezado al menos cuatro giras internacionales documentadas por medios de comunicación, incluyendo viajes a Argentina, Puerto Rico, China, Marruecos y Estados Unidos. No obstante, ninguno de estos desplazamientos cuenta con informes públicos detallados que permitan conocer sus objetivos, resultados o beneficios concretos para el país.
En 2022, el Legislativo reportó más de 1.4 millones de lempiras en gastos de viáticos internacionales solo durante el primer semestre del año. Para 2025, un análisis periodístico citó que entre enero y julio el Congreso gastó más de 8.4 millones de lempiras en boletos aéreos, hospedaje y alimentación en el extranjero, sin precisar los beneficiarios ni los propósitos de los viajes.
Pese a que el portal oficial de transparencia del Congreso publica montos globales, los registros carecen de información detallada sobre los funcionarios que recibieron los viáticos, sus destinos, fechas o los informes de resultados, incumpliendo con los estándares mínimos de transparencia activa.
La respuesta del Congreso añade un elemento aún más preocupante: la inexistencia del “Libro de Comisiones”, un documento administrativo que debería detallar las misiones oficiales y justificar los viáticos. Según la Oficina de Transparencia, dicho libro “no existe”, lo que implica la ausencia de un control verificable sobre los viajes oficiales.
Juristas advierten que esta falta de registro constituye una irregularidad administrativa grave, al impedir cualquier auditoría sobre los gastos.
El argumento de “riesgo extraordinario” utilizado para amparar la reserva de información ha sido cuestionado por organizaciones de sociedad civil.
“Clasificar como confidencial el gasto público bajo el pretexto de la seguridad personal es un abuso de la norma y una distorsión de su espíritu”, expresó un representante del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) bajo condición de anonimato.
Agregó que, en caso de existir riesgo real, la información podría parcializarse temporalmente sin omitir montos, fuentes de financiamiento ni fechas, que son parte del control público del gasto.
La decisión del Congreso Nacional de blindar la información sobre los viajes de su presidente contraviene la Constitución de la República, que en su artículo 182 garantiza el derecho ciudadano a acceder a la información pública.
La medida, además, contradice el discurso oficial del gobierno que asegura promover una administración “abierta y transparente”.
Analistas sostienen que este tipo de decisiones profundizan la percepción de opacidad en el poder legislativo, un órgano que debería ser ejemplo de rendición de cuentas.
“El Congreso no puede reclamar transparencia al Ejecutivo o al Judicial cuando él mismo se niega a rendir cuentas”, comentó el politólogo hondureño Óscar Mejía. “Si los gastos de viaje del presidente se vuelven secretos, estamos frente a una institucionalidad que protege a las élites y no al ciudadano.”
Al invocar la figura de “riesgo extraordinario” para negar información financiera, el Congreso sienta un precedente jurídico preocupante, que podría ser replicado por otras instituciones para ocultar el uso de fondos públicos.
