En un país donde la confianza institucional ya se tambalea, Honduras se aproxima a un peligroso vacío de poder. Las elecciones generales del próximo 30 de noviembre podrían definir mucho más que un nuevo gobierno: podrían poner a prueba la legitimidad misma de la democracia hondureña.
La pregunta que hoy resuena con inquietud en el ambiente político es tan simple como grave: ¿quién declarará al ganador si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no logra hacerlo?
De acuerdo con la ley, si el CNE no emite la declaratoria oficial de resultados, esa atribución pasa al Congreso Nacional. Sin embargo, el Congreso —que debería ser garante de estabilidad— permanece cerrado “por fumigación”, según explicó su presidente, Luis Redondo, quien afirmó que el hemiciclo está “lleno de ratas y cucarachas”.
La metáfora, más allá de lo literal, refleja el nivel de degradación política en el que ha caído el Poder Legislativo. Pero el problema no es solo simbólico: si el Congreso no sesiona antes del 31 de octubre, la responsabilidad de emitir la declaratoria recaería en una Comisión Permanente de nueve diputados, nombrada directamente por el propio Redondo.
Y aquí surge el dilema central: esa Comisión sería dominada por el oficialismo, favoreciendo al partido LIBRE. En otras palabras, el árbitro de la elección podría ser designado por el equipo que busca ganar el partido.
Mientras tanto, la realidad nacional continúa deteriorándose: carreteras destruidas, hospitales sin medicinas, corrupción enquistada y una canasta básica que asfixia a las familias. Pero los líderes políticos parecen ajenos al sufrimiento del ciudadano común.
El propio Redondo fue captado recientemente disfrutando de un Gran Premio de Fórmula 1, uno de los espectáculos más caros del mundo, mientras el Congreso sigue sin sesionar y los hondureños enfrentan un costo de vida que crece cada semana.
El contraste es obsceno: el pueblo paga la gasolina más cara, mientras sus representantes viajan al extranjero a ver autos de lujo correr.
La posibilidad de que una Comisión Permanente controlada por el oficialismo emita la declaratoria de resultados plantea una amenaza real a la credibilidad del proceso electoral. En una democracia madura, el poder no debería concentrarse en quienes compiten por conservarlo.
Si el Congreso sigue inactivo y el CNE enfrenta obstáculos técnicos o políticos, el país podría entrar en una crisis institucional sin precedentes: un resultado electoral cuestionado, una oposición movilizada y una ciudadanía agotada de tanta manipulación.
El caos, claramente, favorece al poder en turno, porque mientras las instituciones se paralizan, los que gobiernan consolidan el control del tablero.
Honduras no necesita más excusas ni metáforas de fumigación. Necesita instituciones que funcionen, políticos que trabajen y ciudadanos que exijan rendición de cuentas.
El Congreso Nacional debe retornar a sus funciones antes del 31 de octubre, el CNE debe garantizar transparencia y los partidos deben respetar los límites de la democracia.
La declaratoria de un ganador no puede ser un botín político. Debe ser el reflejo de la voluntad del pueblo hondureño.
