Tegucigalpa, Honduras | La presidenta Xiomara Castro solicitó este sábado a su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, un diálogo directo y franco para abordar el proceso electoral hondureño y las implicaciones de los pronunciamientos públicos de apoyo al presidente electo Nasry Asfura, los cuales —según la mandataria— influyeron negativamente en el desarrollo del proceso democrático.

En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X, Castro sostuvo que los mensajes del mandatario estadounidense habrían afectado a la entonces candidata oficialista Rixi Moncada y contribuyeron a un clima de presión externa. “Lo que ocurre no es una crisis de leyes, es una crisis de ética, de moral y de valentía democrática y republicana”, escribió.
La presidenta explicó que decidió sancionar el Decreto Legislativo No. 58-2025, que ordena un nuevo escrutinio electoral, con base en una serie de señalamientos contra los órganos electorales. Entre ellos, afirmó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se negó “injustificadamente” a realizar el escrutinio de 4,774 actas, que —según indicó— representarían el voto de 1,558,689 ciudadanos en los tres niveles electivos.
Castro sostuvo que dicha omisión “usurpa la soberanía popular” al desconocer sin causa legal el voto de más de un millón de hondureños, lo que, a su juicio, constituye una grave violación constitucional. Reiteró que su mandato culminará el 27 de enero de 2026, “ni un día más ni un día menos”, conforme a la Constitución.
La mandataria también señaló que el CNE no resolvió 292 impugnaciones presentadas en tiempo y forma, relacionadas con presuntas inconsistencias, adulteración de actas, votos planchados, urnas infladas, falta de respaldo biométrico en más de 500 mil votos, y supuestas alteraciones del sistema TREP, fraude y compra de votos.
Añadió que el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), actuando —según dijo— sin integrar su pleno, negó el derecho al conteo de votos en 435 urnas vinculadas, entre otros, al alcalde de la capital, Jorge Aldana.
En su argumentación, Castro afirmó que más de un millón de electores quedaron en estado de indefensión y que no sería “cómplice del cinismo institucional” de órganos creados para garantizar el derecho a elegir y ser electo, a los que acusó de abdicar frente a la injerencia extranjera.
La presidenta también responsabilizó a diputados auto-convocados —a quienes calificó como beneficiarios directos— de negarse a contar actas y votos, “cerrando el paso a la verdad electoral y sepultando la voluntad popular”.
Con base en estos argumentos, Castro aseguró que sancionó el decreto “por dignidad histórica”, ordenando el escrutinio de los votos emitidos el 30 de noviembre, y afirmó su apego irrestricto a la voluntad del votante, así como su respeto a la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia.
Finalmente, la mandataria tachó de falsas informaciones recientes y cuestionó un mensaje del Departamento de Estado de Estados Unidos, reiterando que considera “indispensable” invitar formalmente al presidente Trump a una audiencia o llamada directa para abordar la situación electoral hondureña “con responsabilidad, respeto mutuo y transparencia”.

