Tegucigalpa — En el primer día del nuevo período legislativo, el Congreso Nacional quedó envuelto en una grave controversia tras la denuncia del hallazgo de cámaras de vigilancia y micrófonos ocultos de alta tecnología instalados en diversas oficinas y áreas estratégicas del Poder Legislativo, con capacidad para interceptar comunicaciones y registrar reuniones privadas.
De acuerdo con fuentes de entero crédito vinculadas a la revisión de las instalaciones, los dispositivos —valuados preliminarmente en unos 20 millones de lempiras— fueron detectados durante inspecciones internas realizadas como parte del proceso de transición administrativa.
Los equipos, descritos como de largo alcance y última generación, ya habrían sido desmantelados e intervenidos por las autoridades competentes.
El hallazgo ocurre en un momento particularmente sensible: a las puertas de la elección de la nueva junta directiva y el arranque formal de la legislatura, lo que ha encendido alertas sobre la seguridad, la privacidad y la integridad institucional del Congreso.
Según las fuentes consultadas, los dispositivos estaban emplazados estratégicamente en salas de reuniones privadas, oficinas administrativas y zonas de tránsito frecuente de diputados y personal de confianza, lo que sugiere una vigilancia selectiva orientada a la obtención de información sensible.
Las investigaciones avanzan bajo estricta reserva, mientras crece la preocupación por una posible crisis de credibilidad y confianza pública si el caso no se esclarece con prontitud.
A última hora del martes 20 de enero, la salida discreta del expresidente del Legislativo, Luis Redondo, sin la habitual compañía de otros directivos o diputados, alimentó especulaciones sobre eventuales vínculos con el caso, aunque no existe hasta ahora un pronunciamiento oficial que confirme o descarte conexiones directas.
Informes preliminares atribuidos al equipo de seguridad de transición indican que no existe contrato, autorización formal ni registro administrativo que respalde la instalación de los equipos, una irregularidad que refuerza la hipótesis de una operación al margen de las normas legales.
Empleados del Parlamento confirmaron que los dispositivos fueron retirados, pero persiste la incertidumbre sobre cuánto tiempo estuvieron activos y qué destino tuvieron los datos eventualmente recolectados.
La posibilidad de que se trate de tecnología heredada de la administración anterior cobra fuerza, dado que los equipos no figuraban en inventarios oficiales y fueron detectados precisamente durante las revisiones de transición.
Las primeras indagaciones incluyen auditorías técnicas exhaustivas y barridos de seguridad para descartar la presencia de más dispositivos clandestinos en el edificio.
Expertos en transparencia advierten que la instalación de sistemas de espionaje sin autorización vulnera la independencia y la privacidad de los funcionarios y expone a uno de los poderes del Estado a riesgos inéditos para la democracia y la legalidad.
