Tegucigalpa. El presidente de la comisión especial del juicio político, el diputado Mario Pérez, confirmó que este miércoles será remitido a la Junta Directiva del Congreso Nacional de Honduras el informe final del proceso contra el fiscal general suspendido Johel Zelaya, tras una extensa jornada de audiencias centrada en cuestionamientos sobre la actuación del Ministerio Público durante el proceso electoral de 2025.
El documento, que sintetiza varias horas de comparecencias —incluida una audiencia inicial que se prolongó por más de cinco horas—, será el insumo clave para que el pleno legislativo determine si procede o no la destitución del funcionario. Según Pérez, el tiempo extendido de la audiencia respondió a la necesidad de garantizar el derecho a la defensa, conforme a la Constitución y la Ley de Juicio Político.
Durante el proceso, dos ejes dominaron el debate: el rol del Ministerio Público en los comicios y su funcionamiento interno. En el plano electoral, el legislador afirmó que persiste una percepción ciudadana de falta de imparcialidad institucional.
“El Ministerio Público intervino en el proceso electoral no de una manera igualitaria”, sostuvo Pérez, al señalar que hubo celeridad en casos vinculados a actores de la oposición, como el enjuiciamiento de magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), mientras otros expedientes con características similares continúan en investigación.
El informe será entregado este mismo día y, conforme al procedimiento legal, el fiscal general deberá comparecer ante el pleno dentro de un plazo de cinco días para ejercer su defensa. En ese sentido, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, prevé convocar a sesión plenaria este jueves.
Para evitar conflictos de interés, los miembros de la comisión acordaron abstenerse de participar en la votación final, delegando esa responsabilidad en sus suplentes.
Uno de los puntos más controvertidos abordados en las audiencias fue el uso de audios como evidencia. Pérez, de formación penalista, sostuvo que estos carecen de valor jurídico al no haber sido obtenidos mediante orden judicial.
“El fiscal fue contundente al confirmar que no existía autorización de un juez para intervenir esas comunicaciones”, explicó el diputado, quien además cuestionó la cadena de custodia del material, entregado en una memoria USB sin los protocolos legales correspondientes.
Según el congresista, el propio Zelaya reconoció limitaciones técnicas del Ministerio Público para verificar la autenticidad de los audios, lo que, a su juicio, evidencia un uso más político que jurídico de estas pruebas.
Pérez advirtió que el manejo irregular de este material podría derivar en responsabilidades administrativas y legales, por lo que instó a investigar a quienes promovieron su utilización fuera de los procedimientos establecidos.
El proceso entra ahora en su fase decisiva, con la atención puesta en la comparecencia del fiscal general ante el pleno y la votación que definirá su permanencia o destitución, en un contexto de creciente escrutinio sobre la independencia de las instituciones de justicia en Honduras.
