Choloma, Cortés – Aún no se disipaba el eco del escándalo de Koriun Inversiones cuando una nueva trama, casi calcada, surge en esta ciudad industrial. Cambian los nombres, los logos, las oficinas… pero el mecanismo es idéntico. Esta vez, las plataformas señaladas —UNIFIN, Monavex y Cryptaespon— ofrecían rendimientos atractivos, rápidos, casi irresistibles. Demasiado buenos para ser verdad. Y, como suele ocurrir, no lo eran.
Fui hasta una de las oficinas que días atrás —según los testimonios— lleno de gente. Lo que encontré fue una escena digna de lastima: puertas abiertas, las salas como salón de baile, paredes desnudas. No había papeles, no había computadoras, no había empleados. Solo el eco de quienes llegaron a reclamar su dinero y encontraron, en cambio, el vacío.
“Esto no se puede quedar así”, me dijo una mujer con los ojos vidriosos. Había invertido junto a su familia. No más de 10 mil lempiras. Todo lo que tenían. Otro hombre, comerciante, me confesó en voz baja: “La necesidad lo hace a uno confiar”. Esa frase se repitió como un patrón, como una pista que no necesitaba lupa para ser entendida.
Las cifras comienzan a tomar forma: al menos 8 mil personas habrían depositado dinero durante casi un año. La Policía Nacional ya habla de más de un millón de lempiras desaparecidos, aunque en los pasillos se murmura que la cifra real podría ser mucho mayor. Mucho más.
Desde la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el comisionado Gustavo Solórzano lanzó la advertencia que, para muchos, llegó demasiado tarde:
“Hay entidades que promueven inversiones sin autorización ni supervisión. Su actuar está al margen de la ley y representa un riesgo directo al patrimonio de los hondureños”.
Pero mientras anotaba sus palabras en mi libreta, no pude evitar preguntarme —como lo haría cualquier periodista enfrentado a un crimen reiterado—: ¿por qué siempre llegamos después?
El rastro me llevó inevitablemente de vuelta al caso Koriun. Más de 35 mil familias afectadas. Más de 400 millones de lempiras en juego. Una herida aún abierta. Y, sin embargo, ninguna vacuna social contra el engaño. Peor aún: decisiones judiciales recientes han devuelto la libertad a uno de sus principales implicados, enviando —según juristas— un mensaje inquietante.
“Fue mal manejado”, me dijo el abogado penalista Keneth Madrid. Y en esa frase encontré otra pieza del rompecabezas.
Seguí el hilo hacia la academia. La economista Nancy Ochoa me explicó lo que ya comenzaba a perfilarse como una teoría central: esto no es solo una estafa, es un sistema fallando.
“Hay una mezcla de desesperación económica y falta de educación financiera. La gente cree en el dinero fácil porque no tiene herramientas para identificar el riesgo”, afirmó.
Pero el elemento más perturbador no estaba en las víctimas ni en los estafadores. Estaba en la ley.
Descubrí —y aquí el caso da un giro digno de cualquier investigación— que Honduras eliminó del Código Penal la figura de “captación irregular de dinero”. Antes, era posible actuar antes del daño. Hoy, no. Hoy se necesita que el delito se consuma, que el dinero desaparezca, que las víctimas se acumulen.
Es como si el sistema legal esperara el crimen para reconocerlo.
Mientras tanto, los esquemas evolucionan. En Arizona ya se reporta otra plataforma: “Wealvox”. Cambian los nombres, se digitalizan, migran a criptomonedas, pero mantienen el mismo núcleo: aprovechar la necesidad.
Al cerrar mi libreta y abandonar Choloma, comprendí que este caso no termina aquí. No es una historia aislada. Es una cadena. Un ciclo.
Una ecuación peligrosa se repite frente a mis ojos: pobreza, desinformación, regulación débil y leyes incompletas.
Y mientras esa ecuación siga sin resolverse, Honduras seguirá siendo —como diría Holmes— el escenario perfecto para un crimen que no necesita ocultarse… porque siempre encuentra nuevas víctimas dispuestas a creer.
