Tegucigalpa, Honduras — El Congreso Nacional aprobó la noche del jueves, con 91 votos, la admisión de un juicio político contra cinco funcionarios vinculados al sistema electoral, una decisión que abre un nuevo capítulo de tensión institucional a menos de futuros procesos electorales.
La medida afecta al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, a la consejera suplente Karen Patricia Rodríguez —quien presentó su renuncia durante la sesión—, así como al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, y a los suplentes Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé.
La admisión del proceso legislativo implica la suspensión inmediata de los funcionarios mientras se desarrollan las audiencias de descargo, que estarán a cargo de una comisión especial integrada por nueve diputados de distintas bancadas.
Durante la lectura de las denuncias, la bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) protagonizó protestas en el hemiciclo, denunciando irregularidades en el procedimiento y cuestionando la forma en que se realizó la votación.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, ordenó aplicar sanciones a los legisladores que interrumpieron la sesión, incluyendo la posibilidad de suspensiones sin goce de salario.
Las denuncias que sustentan el juicio político señalan supuestas ilegalidades cometidas por los funcionarios electorales, así como su presunta responsabilidad en obstaculizar el desarrollo de procesos electorales primarios y generales en el país. Estas acusaciones se apoyan, según se informó, en denuncias de abogados y en informes de misiones de observación electoral.
En medio de la sesión, la consejera suplente del CNE, Karen Patricia Rodríguez, presentó su renuncia alegando motivos personales y la necesidad de salvaguardar su honor, decisión que fue aceptada por mayoría del pleno.
El debate legislativo evidenció profundas divisiones políticas. Desde Libre, el jefe de bancada Ronald Panchamé calificó la jornada como “un día oscuro para la institucionalidad”, cuestionando tanto el mecanismo de votación como lo que consideró una estrategia del bipartidismo para debilitar a la oposición.
En contraste, el jefe de bancada del Partido Liberal, Jorge Cálix, defendió la decisión al señalar que el juicio político es una herramienta constitucional para sancionar a funcionarios que incumplen sus funciones o entorpecen el funcionamiento del Estado.
Otros legisladores de Libre, como Marco Ramiro Lobo, fueron más allá al advertir que la medida podría formar parte de un intento por influir en futuros procesos electorales, mientras que intervenciones en el pleno derivaron en intercambios de acusaciones directas y un clima de alta confrontación política.
La sesión también estuvo marcada por movimientos administrativos relevantes. Se aprobó la renuncia de Suyen Muñoz a la presidencia de la Comisión para la Defensa y Promoción de la Competencia, aunque continuará como comisionada, y se designó a Analina Montes Hawit como nueva titular del ente.
