Tegucigalpa. — El Congreso Nacional destituyó este jueves al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y al magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, tras un juicio político en el que fueron señalados de atentar contra la democracia al intentar boicotear las elecciones generales de noviembre de 2025 y el proceso previo a estas.
La decisión, respaldada por 88 votos, incluyó además la separación de los magistrados suplentes del TJE, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía Estapé, a quienes se les atribuye participación en la obstrucción del funcionamiento de ese órgano electoral.
De acuerdo con el informe presentado por una comisión especial del Legislativo, los funcionarios habrían integrado una estrategia conocida como “la silla vacía”, consistente en no asistir a las sesiones del pleno del CNE y el TJE para impedir la toma de decisiones clave y entorpecer el desarrollo del calendario electoral.
La jornada legislativa estuvo marcada por la extensa comparecencia de Mario Morazán, quien durante más de cinco horas defendió su actuación y rechazó los señalamientos en su contra. En su intervención, calificó el proceso como una persecución política y lanzó acusaciones contra actores del Partido Nacional y del Partido Liberal.
“Estoy siendo sometido injustamente a este juicio político”, sostuvo Morazán, quien negó haber obstruido las sesiones del TJE o haber actuado bajo instrucciones partidarias. También afirmó que presentará denuncias ante los órganos competentes contra varios diputados.
El magistrado protagonizó momentos de tensión en el hemiciclo al dirigirse en términos confrontativos al presidente del Congreso, Tomás Zambrano, quien lo llamó al orden y le advirtió sobre la posibilidad de suspenderle el uso de la palabra si persistía en salirse del marco del respeto.
Durante su defensa, Morazán también aseguró que la magistrada fallecida Mirian Barahona era presionada por el magistrado Mario Flores para votar en determinadas decisiones, alegando que su estado de salud le impedía ejercer plenamente sus funciones. Sin embargo, sus declaraciones fueron cuestionadas por legisladores que presentaron documentos y material audiovisual para desvirtuar sus afirmaciones.
El diputado liberal Jorge Cálix expuso ante el pleno convocatorias a sesiones a las que Morazán no asistió, así como supuestas comunicaciones en las que el magistrado habría admitido presiones políticas para no presentarse. Por su parte, el nacionalista Mario Pérez señaló la existencia de una estructura que buscó paralizar las instituciones electorales y generar incertidumbre en torno a los comicios de 2025.
En contraste, Marlon Ochoa no compareció ante el Congreso pese a haber sido legalmente convocado, lo que, según legisladores, agravó su situación y reforzó los argumentos para su destitución.
Con estas decisiones, el Congreso Nacional afirmó buscar la protección de la institucionalidad democrática y la integridad de futuros procesos electorales, en un contexto de creciente desconfianza y polarización política.
