TEGUCIGALPA — El Estado hondureño abrió una ventana de cuatro meses para que ciudadanos, empresas y patronos con deudas tributarias pendientes se pongan al día sin pagar un solo lempira en multas, recargos ni intereses.
El Decreto No. 78-2026, aprobado por el Congreso Nacional y firmado por el presidente Nasry Juan Asfura Zablah, fue publicado este viernes 12 de junio en el Diario Oficial La Gaceta, lo que activa el reloj: el beneficio vence el 12 de octubre de 2026.
La medida es la más amplia en materia de alivio fiscal aprobada en lo que va del año. Abarca deudas con las 293 municipalidades del país, el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), el Servicio de Administración de Rentas (SAR) y los prestadores de agua potable y saneamiento, sin importar si el servicio lo da el Estado, una junta de agua comunal o una empresa privada concesionada.
La amnistía no condona la deuda principal. Lo que elimina es todo lo que crece encima de ella: multas por declaraciones tardías, recargos por mora, intereses acumulados y sobretasas de cualquier naturaleza, incluyendo aquellas que ya estén en cobro judicial o administrativo.
Para acogerse al beneficio, el contribuyente debe pagar el monto original de la deuda — o formalizar y garantizar un plan de pago — dentro del período de vigencia. Quien no lo haga antes del vencimiento pierde automáticamente el beneficio y responderá por las obligaciones completas, según establece el texto del decreto.
Los ciudadanos que ya tienen planes de pago vigentes con sus municipalidades también pueden aprovechar la amnistía: podrán saldar sus cuotas sin los cargos adicionales durante los cuatro meses. Las alcaldías además están facultadas para ampliar en 30 días los descuentos conocidos como “Pronto Pago”.
Uno de los frentes más sensibles del decreto es el que involucra al IHSS. Miles de trabajadores hondureños han perdido acceso a servicios médicos porque sus patronos dejaron de pagar los aportes al seguro social. El decreto obliga al IHSS a restablecer el acceso a salud y protección social a los afiliados cuyos empleadores paguen o regularicen sus adeudos durante la amnistía.
En paralelo, el instituto deberá hacer una depuración de su cartera de cuentas incobrables, coordinando con alcaldías, autoridades tributarias y cámaras de comercio para identificar empresas ya liquidadas o personas fallecidas que figuran como deudores activos en el sistema.
El propio decreto reconoce que la difícil situación económica derivada de la crisis y los efectos de la gestión de gobierno en el último período han generado una mora considerable en el pago de tributos, afectando las finanzas tanto del Gobierno Central como de las instituciones autónomas.
La amnistía se presenta así no como un gesto de generosidad fiscal, sino como una medida de recuperación recaudatoria: el Estado necesita que los contribuyentes paguen, aunque sea tarde y sin penalidades.
No es la primera vez que el Congreso recurre a este mecanismo. El año pasado, mediante el Decreto No. 44-2025, se aprobó un paquete similar de amnistías que incluyó la energía eléctrica, los vehículos, Hondutel y el SANAA. El decreto aprobado esta semana deroga parcialmente aquella norma y amplía el alcance de los beneficios.
Las instituciones beneficiadas municipalidades, IHSS, SAR y prestadores de agua deberán presentar al Congreso Nacional un informe de impacto dentro de los 60 días posteriores al cierre de la amnistía, es decir, a más tardar en diciembre de 2026. El Congreso se reserva el derecho de evaluar si la medida fue satisfactoria o no, lo que abre la puerta a una posible extensión o modificación futura.
