YORO, HONDURAS — La masacre del lunes en la aldea Coco Tulajuares, que se cobró la vida de al menos cuatro personas de una misma familia incluyendo una menor de edad, no es un hecho aislado.
Es el eslabón más reciente de una cadena de sangre que convierte a Yoro en el departamento más violento de Honduras en lo que va de 2026 y pone en evidencia la incapacidad del Estado para contener la guerra territorial que libran las estructuras criminales que dominan esa zona del país.
El departamento de Yoro es sacudido por una interminable violencia donde operan un cóctel de factores: múltiples bandas criminales, maras y pandillas, estructuras del narcotráfico y grupos dedicados a la invasión de tierras. El Progreso y Olanchito están entre los cinco municipios con mayor cantidad de homicidios en lo que va del año.
Dos estructuras, un territorio en disputa
Varias de las acciones violentas registradas en Yoro estarían relacionadas con disputas entre bandas criminales como La Kleivona y el denominado Cártel del Diablo, estructuras señaladas de generar zozobra en la zona norte del país.
El Cártel del Diablo es hoy el objetivo más buscado por las fuerzas de seguridad hondureñas en esa región. La Policía Nacional incrementó la recompensa por información que permita localizar y capturar a Esteban Gumercindo Ferrera Rodas, conocido como “El Diablo”, considerado uno de los principales cabecillas criminales del país, elevándola de 300 mil a 500 mil lempiras.
Investigaciones preliminares de inteligencia policial sugieren que el Cártel del Diablo podría estar vinculado a más de 15 asesinatos recientes en el corredor entre Sulaco y Marale.
Las autoridades presumen que la banda ha ejecutado sistemáticamente a residentes de la zona, pequeños agricultores y personas con influencia social para consolidar su control territorial. Su control se basa en el sicariato y el terror.
Su presencia se identifica en zonas como Sulaco, Victoria y Yorito, donde la geografía no es un detalle menor sino parte del engranaje: territorios que facilitan el movimiento de droga, el almacenamiento y la vigilancia, pero que también permiten operar con menor presión estatal.
Un año sin tregua
Las cifras construyen un retrato brutal. Al menos 77 personas han perdido la vida en 16 hechos catalogados como masacres registrados en distintas regiones de Honduras entre enero y junio de 2026. Con el crimen de Coco Tulajuares, el país acumula 18 masacres en el presente año. Antes de este caso, los más recientes se habían reportado en San Pedro Sula el 13 de junio con tres víctimas, y en San Manuel, Cortés, el 11 de junio, también con tres fallecidos.
El Observatorio de la Violencia de la UNAH cifra en más de 400 muertes violentas lo que va del año, con un promedio de seis homicidios diarios, una tasa semejante a la de 2025. Entre las víctimas se contabilizan 42 mujeres.
El hecho que más estremeció al país en este período fue distinto pero de la misma naturaleza. El 21 de mayo en la comunidad de Rigores, Trujillo, Colón, hombres fuertemente armados asesinaron a 20 personas en una finca palmera del Bajo Aguán. Entre las víctimas había campesinos vinculados a empresas asociativas agrícolas de la zona.
Un patrón que se repite, un Estado que no responde
Lo que deja al descubierto el Cártel del Diablo no es únicamente la aparición de una nueva estructura. Deja un patrón que se repite: el crimen organizado en Honduras no desaparece, se transforma. Se adapta, se reorganiza, recicla liderazgos y vuelve a ocupar espacios donde el control siempre ha estado en disputa.
La inclusión de una menor de edad entre los muertos en Coco Tulajuares vuelve aún más perturbadora esa realidad. En Yoro, la violencia hace tiempo dejó de distinguir entre combatientes y civiles. Y ningún gobierno, hasta ahora, ha encontrado la fórmula para detenerla.
