DANLÍ, EL PARAÍSO.— Lo que aparentemente fue concebido como contenido para conseguir reproducciones y reacciones en redes sociales podría terminar convertido en un expediente penal. La Fiscalía en Danlí investiga a los creadores de contenido conocidos como Soy Rossel y Urías, luego de la difusión de un video en el que un menor de edad es rapado a cambio de 500 lempiras y posteriormente expuesto ante miles de usuarios en redes sociales.
El caso ha provocado indignación en Danlí y una oleada de críticas en plataformas digitales. La Policía Nacional también habría iniciado diligencias para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el hecho, mientras el Ministerio Público analiza si la conducta mostrada en el video puede constituir trato degradante contra un menor de edad.
Según la información conocida sobre el caso, el niño vive con su abuela y se encontraría en una situación de riesgo social. Esa condición adquiere especial relevancia para las autoridades debido a la protección reforzada que la legislación hondureña concede a los menores.
Un fiscal de Danlí confirmó que el caso se encuentra bajo investigación y señaló que las actuaciones pueden desarrollarse de oficio, sin necesidad de esperar una denuncia particular, ante la posible existencia de una conducta penalmente relevante.
El Código Penal hondureño vigente contempla específicamente el delito de trato degradante. Sin embargo, existe una precisión jurídica importante: la disposición aplicable es el artículo 214. Ese artículo establece penas de uno a dos años de prisión para quien ocasione a otra persona un trato degradante mediante violencia física, psicológica o verbal que atente gravemente contra su integridad moral. La misma disposición establece un aumento de un tercio de la pena cuando la víctima sea vulnerable, entre otras razones, por su edad.
La investigación deberá determinar ahora si las circunstancias que aparecen en las imágenes encajan en ese tipo penal y qué grado de responsabilidad, si alguno, corresponde a las personas involucradas. Hasta que exista una resolución judicial, los señalados mantienen su presunción de inocencia.
De acuerdo con lo divulgado en redes sociales, los creadores de contenido ofrecieron 500 lempiras al menor para permitir que le cortaran el cabello, mientras la situación era grabada para posteriormente ser difundida.
Pero el contenido produjo una reacción distinta a la aparentemente buscada.
Usuarios cuestionaron que la vulnerabilidad de un niño pudiera convertirse en material de entretenimiento y reprocharon las burlas realizadas durante la grabación. Incluso seguidores de los propios creadores reaccionaron negativamente, con comentarios señalando que algunos generadores de contenido parecen estar dispuestos a llevar cada vez más lejos sus acciones con tal de obtener atención y reproducciones.
Las críticas se intensificaron por tratarse de un menor de edad y por la exposición pública posterior del episodio.
El episodio abre nuevamente una discusión que ha acompañado el crecimiento de TikTok y otras plataformas: hasta dónde puede llegar un creador de contenido para conseguir audiencia y en qué momento una “broma” deja de ser entretenimiento para convertirse en una posible vulneración de derechos.
Que una persona acepte dinero o participe frente a una cámara no determina por sí solo que cualquier conducta posterior sea legal. Y cuando quien aparece en las imágenes es un menor de edad en situación de vulnerabilidad, el análisis adquiere una dimensión todavía más delicada.
El Código Penal vigente ubica los tratos degradantes dentro de los delitos contra la integridad moral. Honduras también cuenta con legislación específica destinada a la protección de los derechos de niños y adolescentes.
Lo que comenzó como un video para redes sociales terminó poniendo una pregunta mucho más seria sobre la mesa: ¿cuánto vale la dignidad de un niño cuando la búsqueda de “likes” convierte su vulnerabilidad en espectáculo?
