TEGUCIGALPA, HONDURAS.— Más de L1,837 millones en fondos públicos, miles de becas, cupones alimenticios y ayudas sociales quedaron bajo cuestionamiento luego de que la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ) revelara una investigación que apunta a serias debilidades de control y rendición de cuentas en recursos gestionados entre 2023 y 2025 con participación directa de diputados del Congreso Nacional.
El hallazgo más delicado no está únicamente en cuánto dinero se movilizó, sino en que parte de esos fondos todavía no puede ser plenamente rastreada y algunos supuestos beneficiarios incluso niegan haber recibido lo que los registros oficiales dicen que recibieron.
La investigación, denominada “Diputados Solidarios”, establece que durante ese período el Congreso canalizó exactamente L1,837,349,701.14 mediante el Fondo de Administración Solidaria, utilizando una línea presupuestaria concebida originalmente para gastos de emergencia. Según ASJ, el mecanismo operó con limitados controles de transparencia y fiscalización.
Aunque formalmente la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social (SEDESOL), el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) y la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD) aparecían como instituciones ejecutoras, la investigación encontró que los diputados tenían un papel mucho más activo: presentaban proyectos, solicitaban beneficios y gestionaban su entrega en las comunidades.
El Fondo de Administración Solidaria fue creado en 2023 mediante las Disposiciones Generales del Presupuesto. El mecanismo permitió al Congreso Nacional asignar hasta L950 millones anuales a siete instituciones del Estado para financiar becas de estudio, obras sociales e infraestructura menor.
Para 2025 se incorporaron nuevas modalidades de ayuda, entre ellas cupones alimenticios, kits tecnológicos e insumos médicos.
El mayor movimiento ocurrió en 2024, cuando fueron ejecutados aproximadamente L898.5 millones mediante SEDESOL, FHIS y Gobernación, según los datos recopilados por ASJ.
Pero es precisamente en la rendición de cuentas donde la organización coloca una de sus principales alertas.
ASJ sostiene que ninguna de las instituciones ejecutoras ha remitido a los organismos de control la totalidad de los informes de liquidación exigidos. SEDESOL, de acuerdo con la investigación, reconoció que todavía no había liquidado recursos correspondientes al período 2023-2025 y que existían dudas incluso sobre el procedimiento que debía seguirse para hacerlo.
Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, resumió el cuestionamiento señalando que el problema trasciende quién recibió los recursos: la preocupación central es que las propias instituciones no pueden establecer con certeza cómo fueron liquidados.
Uno de los capítulos más sensibles corresponde a los cupones y certificados alimenticios.
Entre 2023 y 2025 fueron canjeados más de L187 millones, pero, según ASJ, únicamente el 37 % aparece liquidado. La mayor parte restante carecería todavía de suficiente trazabilidad documental.
Dentro de ese componente, más de L53 millones en cupones fueron gestionados a través de un grupo de 26 diputados, todos pertenecientes al partido Libertad y Refundación (Libre), de acuerdo con la investigación presentada por la organización.
La denuncia de ASJ no implica por sí misma que esos diputados hayan cometido un delito. La organización cuestiona principalmente el modelo de intermediación, la ausencia de liquidaciones completas y las dificultades para verificar el destino final de determinados recursos.
La investigación también rastreó las ayudas estudiantiles.
ASJ determinó que 50 diputados propietarios y suplentes gestionaron más de L110 millones para cerca de 22,000 becas entre 2023 y 2025.
La concentración de recursos fue significativa.
El exdiputado Rasel Antonio Tomé Flores y su suplente encabezaron el registro presentado por ASJ con aproximadamente L29 millones para 5,801 becas. En segundo lugar aparecen Hugo Rolando Noé Pino y su suplente, con alrededor de L25.7 millones destinados a 5,142 becas.
ASJ encontró además otro obstáculo para seguir el rastro del dinero: un convenio entre BANADESA y SEDESOL contenía una cláusula de confidencialidad que habría sido utilizada para negar información relacionada con la liquidación de esos fondos.
La organización cuestionó esa reserva al considerar que la Ley de Transparencia permite restringir información pública únicamente bajo determinadas causales y que, a su criterio, esos datos no deberían quedar protegidos de esa manera.
La investigación dejó además un hallazgo particularmente delicado.
Durante visitas de campo y verificaciones aleatorias realizadas por ASJ, varias personas que aparecían registradas oficialmente como beneficiarias aseguraron no haber recibido las ayudas señaladas en los documentos.
En otros casos, ciudadanos dijeron haber recibido un beneficio diferente al que aparecía consignado oficialmente. ASJ también reportó al menos un caso en el que una persona figuraba como beneficiaria de apoyo económico para un negocio, pero aseguró que no poseía el establecimiento registrado en los documentos.
Estos hallazgos abren interrogantes sobre la calidad de los registros, los procesos de verificación y la trazabilidad de los fondos, aunque será responsabilidad de los organismos fiscalizadores o del Ministerio Público determinar si existen responsabilidades administrativas o penales.
Otro elemento que ASJ coloca en el centro del debate es la posible relación entre la distribución de ayudas públicas y la actividad político-electoral.
Según la organización, el capítulo hondureño de Transparencia Internacional identificó que 23 diputados que gestionaron becas, cupones, obras sociales o infraestructura menor entre 2023 y 2025 resultaron reelectos en el proceso electoral más reciente.
ASJ considera que esa coincidencia merece investigación para establecer si el Fondo de Administración Solidaria pudo haber sido utilizado como una herramienta de posicionamiento político o electoral.
Se trata, por ahora, de un señalamiento de la organización y no de una conclusión judicial sobre el uso de esos recursos en campañas.
Tras presentar los resultados de la investigación, ASJ propuso reformar completamente el modelo de administración de estas subvenciones.
Entre sus recomendaciones se encuentra aprobar una Ley de Administración de Subvenciones, publicar oportunamente los listados de beneficiarios y los informes de liquidación y establecer una prohibición expresa para que diputados intermedien directamente en la entrega de ayudas financiadas con recursos públicos, especialmente durante períodos electorales.
