TEGUCIGALPA.— Honduras apuesta por aislar a integrantes de estructuras criminales y restringir sus comunicaciones desde las cárceles para impedir que continúen ordenando delitos. El Congreso Nacional aprobó por unanimidad una legislación que endurece las condiciones penitenciarias y amplía las herramientas de las fuerzas de seguridad, en una estrategia con similitudes con algunas medidas impulsadas por el presidente salvadoreño Nayib Bukele.
La Ley Especial para el Combate a Asociaciones Terroristas, Maras y Pandillas y el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional contempla un régimen de máxima seguridad, mayores controles sobre las visitas y restricciones destinadas a cortar los vínculos entre los reclusos y las redes criminales que operan en las calles.
El aislamiento individual constituye una de las disposiciones centrales. La normativa establece restricciones a la convivencia colectiva, al uso de aparatos electrónicos y a las comunicaciones de las personas sometidas al régimen especial.
También prohíbe que mantengan dinero en efectivo y limita su participación en determinadas actividades grupales.
Según las disposiciones descritas en la información sobre la aprobación, estos reclusos tendrán una hora semanal de sol y patio, mientras que sus llamadas telefónicas estarán limitadas a diez minutos.
El régimen está dirigido a integrantes de maras, pandillas y asociaciones declaradas terroristas por el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Su objetivo es reducir la capacidad de estas estructuras para coordinar extorsiones y otros delitos desde los centros penales.
La ofensiva también contempla medidas fuera de las cárceles. Entre ellas figura la prohibición, durante 12 meses, de que dos hombres circulen en una misma motocicleta, además de controles sobre armas, objetos cortantes, placas adulteradas y prendas utilizadas para ocultar el rostro. La normativa prevé, asimismo, restricciones temporales a la circulación de motocicletas en determinados horarios y sectores.
Para su ejecución se plantea la coordinación de la Policía Nacional, la Policía Militar del Orden Público y el Instituto Nacional Penitenciario.
El endurecimiento penitenciario acerca la estrategia hondureña a componentes de la política aplicada en El Salvador. Sin embargo, ambas experiencias tienen diferencias sustanciales: la ofensiva salvadoreña se apoyó en un régimen de excepción instaurado en marzo de 2022, acompañado de capturas masivas y de la suspensión de determinadas garantías constitucionales.
Las medidas descritas en la legislación hondureña se concentran en el control de las prisiones, la persecución de las estructuras criminales y las restricciones de seguridad. Su aprobación no equivale, por sí sola, a reproducir el conjunto del modelo salvadoreño.
La posibilidad de adoptar herramientas utilizadas por Bukele ya había sido planteada en el Congreso. El diputado Godofredo Fajardo propuso meses antes estudiar esa experiencia, bajo el argumento de que las medidas ordinarias no estaban ofreciendo respuestas suficientes frente a la criminalidad.
El referente salvadoreño también incorpora un debate sobre derechos fundamentales. Mientras el Gobierno de Bukele defiende los resultados de su política de seguridad, organizaciones de derechos humanos han denunciado detenciones arbitrarias y vulneraciones al debido proceso.
En Honduras, la aplicación de la nueva legislación pondrá a prueba tanto el control efectivo de los centros penitenciarios como la capacidad de investigar las redes que permanecen fuera de ellos. La evolución de la extorsión, los homicidios y los casos que lleguen a sentencia permitirá evaluar si las restricciones logran debilitar a las estructuras criminales más allá de las cárceles.
