OLANCHITO, YORO.Durante más de 20 años, el Valle del Aguán contó con un programa de vigilancia fitosanitaria que debía abrir las puertas de los mercados internacionales a sus agricultores. Se instalaron puestos de control en las carreteras, se contrataron empleados y se destinaron recursos para mantener la región libre de la mosca del Mediterráneo. Hoy, con el cierre de las últimas estaciones que operaban en Olanchito, queda una pregunta: ¿por qué una inversión estimada en más de 400 millones de lempiras no se tradujo en una expansión de las exportaciones agrícolas de la región?
El cierre de los dos puestos de control que permanecían activos en Olanchito se produjo durante 2026, según información proporcionada a EL COMEJAMO. Las estaciones de Planes, Trujillo y Bonito Oriental habían dejado de funcionar años atrás debido a recortes presupuestarios.
El programa MOSCAMED, desarrollado por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), tenía como propósito proteger al Valle del Aguán de una de las plagas agrícolas más perjudiciales para el comercio de frutas y hortalizas.
La región poseía una ventaja excepcional: los estudios fitosanitarios realizados durante la década de 1980 habían determinado que la mosca del Mediterráneo no estaba presente en el valle, aunque sí se encontraba en otras zonas de Honduras. Esa condición ofrecía la posibilidad de obtener reconocimiento internacional y negociar el ingreso de productos agrícolas a mercados con estrictos requisitos sanitarios.
En 2018, OIRSA informó que el área libre comprendía aproximadamente 194,500 hectáreas, de las cuales unas 28,000 manzanas tenían vocación agrícola para producir cítricos, maracuyá, rambután, guanábana, tomate, chile, papaya y melón, entre otros cultivos con potencial exportador.
La protección fitosanitaria debía representar una oportunidad comercial para los productores de Olanchito, Arenal, Sabá, Sonaguera, Tocoa y otras comunidades del valle. Pero mantener una zona libre de una plaga no garantizaba por sí mismo la exportación. También se necesitaban certificaciones, acuerdos comerciales, infraestructura de empaque, financiamiento y acompañamiento técnico para producir conforme a las exigencias de los compradores internacionales.
Ahí se encuentra uno de los principales cuestionamientos al programa: mientras durante años se financiaba la vigilancia de carreteras y plantaciones, no se consolidó una estrategia regional capaz de orientar a los pequeños y medianos agricultores hacia cultivos de exportación que aprovecharan esa condición sanitaria.
La empresa Standard Fruit figura entre las compañías señaladas como beneficiarias de las ventajas agrícolas de la región. Fuentes consultadas por EL COMEJAMO sostienen que fue la principal beneficiada, mientras los productores independientes no lograron aprovechar la oportunidad en una escala comparable.
El costo acumulado de MOSCAMED durante dos décadas es otro de los aspectos que ameritan una revisión de las autoridades.
Información divulgada por SENASA en años anteriores recogió declaraciones de representantes de productores de Sonaguera que estimaban en unos 20 millones de lempiras anuales la inversión necesaria para mantener el área libre de la mosca del Mediterráneo. Esa referencia permite dimensionar un gasto potencial de 400 millones de lempiras en 20 años.
Los recursos se destinaron a actividades de cuarentena, inspecciones, monitoreo mediante trampas, personal técnico y funcionamiento de instalaciones. En 2018, OIRSA documentaba cinco puestos de control y una red de trampeo distribuida por el valle.
Funcionarios de SENASA consultados sobre el cierre señalaron que desde Estados Unidos se recomendó abandonar el esquema de puestos de control ante la existencia de métodos de vigilancia más sencillos.
De acuerdo con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, la vigilancia mediante trampas, las medidas de cuarentena y la técnica del insecto estéril continúan formando parte de las herramientas utilizadas contra la mosca del Mediterráneo. Por tanto, la modernización de los controles no significa que haya desaparecido el riesgo fitosanitario.
Mientras MOSCAMED reduce su presencia operativa en las carreteras, los productores de Arenal y el Alto Aguán enfrentan un problema más inmediato: la langosta voladora centroamericana, capaz de destruir pastizales y causar pérdidas en cultivos agrícolas.
Funcionarios de SENASA indicaron que la institución contempla concentrar mayores esfuerzos en una campaña contra esta plaga, cuya presencia ha provocado preocupación entre agricultores y ganaderos.
La amenaza está documentada. En noviembre de 2024, el Gobierno hondureño declaró una emergencia fitosanitaria después de confirmar 38 brotes y dos mangas de langosta voladora en los municipios de Arenal y Olanchito. Posteriormente, en 2025, las autoridades volvieron a advertir sobre los riesgos para la producción agrícola y ganadera del Alto Aguán.
Para los productores, la necesidad de combatir esta plaga es urgente, debido a su capacidad de consumir grandes cantidades de vegetación y perjudicar áreas destinadas a la ganadería y a la producción de alimentos.
