El sábado 7 de noviembre, el fútbol hondureño protagonizó uno de esos episodios que deberían avergonzar a quienes tienen la responsabilidad de dirigirlo. El encuentro entre Olimpia y Olancho FC terminó suspendido después de que el conjunto olanchano se negara a continuar jugando, inconforme con una decisión arbitral que precedió al gol del empate capitalino.
Los Potros ganaban 1-0 cuando una equivocación en la señalización de un saque de banda permitió que Olimpia recuperara la posesión. La jugada terminó con el gol de Yustin Arboleda. Olancho reclamó que la pelota le correspondía, pero la acción no podía revisarse mediante el sistema de videoarbitraje FVS, de acuerdo con sus protocolos.
El árbitro Armando Castro no accedió a revisar el saque. Los reclamos aumentaron, el entrenador Mauro de Giobbi fue expulsado y finalmente Olancho FC decidió no continuar el partido. Una determinación extrema que también deberá analizarse conforme a las reglas de la competencia.
Pero sería un error reducir lo ocurrido a la reacción de los Potros. El verdadero problema es que el fútbol hondureño ha permitido que la desconfianza hacia sus árbitros y dirigentes crezca hasta convertirse en parte habitual del espectáculo.
Y aquí quiero ser absolutamente claro: esta crítica no es contra el Club Deportivo Olimpia, su historia, sus jugadores ni sus aficionados.
Estamos hablando de una institución que ha construido una trayectoria deportiva importante, con títulos, generaciones de futbolistas destacados y una afición que merece respeto.
El cuestionamiento va dirigido a un sistema que durante años ha dejado demasiadas dudas sobre su independencia, su transparencia y la igualdad de condiciones entre los participantes.
Cuando las decisiones arbitrales favorecen a los clubes de mayor tradición, las sospechas se multiplican. Y cuando esos errores se repiten en encuentros decisivos, muchos aficionados terminan convencidos de que existe un trato preferencial. Esa percepción, aunque por sí sola no demuestre una manipulación deliberada, representa un fracaso institucional.
Porque una Liga seria no puede permitir que sus aficionados sospechen permanentemente de quienes deben garantizar la justicia deportiva.
Tampoco se puede afirmar que los campeonatos hayan sido regalados o manipulados sin presentar pruebas concretas.
Lo que sí corresponde exigir es una revisión independiente de las decisiones más controvertidas, explicaciones públicas y responsabilidades cuando se comprueben errores graves.
El problema no es únicamente equivocarse. El problema es que nadie parece pagar el costo de tantas equivocaciones.
Los árbitros vuelven a dirigir, los dirigentes continúan en sus cargos, las polémicas ocupan los titulares durante unos días y después todo sigue igual. Mientras tanto, el aficionado acumula razones para desconfiar.
Hace algún tiempo dejé de seguir regularmente los partidos de la Liga Nacional. Lo confieso sin ningún problema. Perdí el interés en una competición que cada vez me ofrece menos razones para dedicarle dos horas de mi vida.
Y para colmo, ahora hay que pagar para ver buena parte de esos encuentros.
Cobrar por transmitir fútbol no tiene nada de malo. El deporte profesional necesita ingresos y las empresas tienen derecho a comercializar sus productos. Pero también el espectador tiene derecho a exigir calidad.
Porque una cosa es pagar para disfrutar un espectáculo deportivo competitivo y otra muy distinta es pagar para terminar viendo partidos que parecen potras de barrio, con arbitrajes cuestionados y conflictos que frecuentemente terminan siendo más comentados que el propio fútbol.
La Liga Nacional debería preguntarse por qué una parte de su audiencia ha perdido el entusiasmo. No basta con hablar de tradición, rivalidades y títulos cuando la confianza en la competencia se deteriora.
Los clubes pequeños necesitan saber que pueden entrar a cualquier estadio con las mismas posibilidades reglamentarias que sus rivales. Que una decisión arbitral será juzgada de igual manera, sin importar el escudo que lleven enfrente, la cantidad de aficionados en las graderías o la influencia de sus directivos.
El fútbol no puede seguir funcionando bajo la percepción de que unos pocos tienen privilegios mientras los demás deben conformarse con participar.
Lo sucedido con Olancho FC merece una investigación seria. La Liga Nacional anunció este domingo que solicitó a la Federación de Fútbol de Honduras evaluar lo ocurrido y que las consecuencias deportivas y disciplinarias deberán ser determinadas por los organismos competentes.
Es una respuesta necesaria, pero insuficiente si todo termina en otro comunicado que dentro de unas semanas nadie recordará.
Se necesita publicar criterios claros sobre las evaluaciones arbitrales, fortalecer la preparación de los jueces, explicar los límites del sistema de revisión y establecer mecanismos que garanticen la independencia de quienes administran la competencia.
También corresponde exigir responsabilidad a los clubes. Un error arbitral, por grave que sea, no puede convertirse automáticamente en una autorización para abandonar el terreno de juego. La protesta debe tener canales institucionales capaces de ofrecer respuestas creíbles. Si esos canales han perdido la confianza de los equipos, ahí existe otro problema que resolver.
Por ahora, personalmente encuentro mayor interés en la Liga de Ascenso. Una competición con dificultades económicas, estadios modestos y numerosas limitaciones, pero donde todavía se observan partidos de entrega, jóvenes buscando oportunidades y equipos que luchan por abrirse camino.
No pretendo idealizar la segunda división. También tiene errores arbitrales, problemas organizativos y decisiones cuestionables. Pero en muchos de sus encuentros todavía encuentro esa emoción que hace años comenzó a desaparecer de mi relación con la primera división.
Hay algo profundamente contradictorio en nuestro fútbol: el mayor premio que puede recibir un equipo de la Liga de Ascenso es llegar precisamente a una primera división cuya credibilidad se encuentra bajo cuestionamiento.
Y esa debería ser una preocupación para todos, especialmente para quienes administran el fútbol profesional hondureño.
La Liga Nacional no necesita más discursos para defender su prestigio. Necesita decisiones que lo recuperen.
Necesita demostrar que un club pequeño tiene exactamente los mismos derechos que uno grande. Que el arbitraje no responde a presiones, que los errores tienen consecuencias y que los campeonatos se deciden por lo que ocurre legítimamente dentro del campo.
Olimpia merece ganar sus títulos sin que las sospechas empañen sus victorias. Olancho FC merece competir sin sentirse perjudicado. Y los demás clubes tienen derecho a participar en una competición cuyas reglas se apliquen por igual.
Sobre todo, los aficionados hondureños merecemos volver a creer en nuestro fútbol.
Porque cuando un equipo pierde un partido, puede recuperarse en la siguiente jornada. Pero cuando una liga pierde la confianza de su gente, ni todos los campeonatos del mundo pueden devolverle fácilmente su credibilidad.
