Hay decisiones tan difíciles de comprender que uno termina preguntándose quién las propuso y, sobre todo, quién consideró que eran una buena idea. La más reciente consiste en obligar a los hondureños que soliciten por primera vez su licencia de conducir a viajar hasta Tegucigalpa o San Pedro Sula. ¿La justificación? Combatir la corrupción en las oficinas de Tránsito. Es decir, como las autoridades reconocen que existen problemas para controlar a sus propios funcionarios, han decidido complicarle la vida al ciudadano.
La medida fue anunciada por el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, quien explicó que la emisión de licencias por primera vez se concentrará en esas dos ciudades. Según la Secretaría de Seguridad, el nuevo procedimiento comenzará el 1 de diciembre de 2026, mientras que las renovaciones continuarán realizándose en las oficinas regionales.
Oseguera ha reconocido públicamente la preocupación por los cobros irregulares y la entrega fraudulenta de permisos de conducir. También sostiene que reducir los centros de emisión permitirá mejorar la supervisión y devolver agentes policiales a las labores de seguridad vial.
El propósito de combatir la corrupción es legítimo. Lo cuestionable es el método.
Durante años han existido denuncias sobre personas que presuntamente pagan dinero por debajo de la mesa para obtener licencias sin cumplir los procedimientos establecidos, incluidos los exámenes prácticos.
Si esas irregularidades son conocidas por las autoridades, ¿por qué la primera respuesta es cerrar servicios regionales en lugar de investigar, sancionar y separar a quienes participan en esos cobros?
La corrupción no desaparece porque una oficina deje de atender al público. Los funcionarios deshonestos pueden trasladarse, cambiar de procedimiento o encontrar nuevas oportunidades dentro de un sistema que continúa sin controles suficientes.
Mientras tanto, el hondureño honrado tendrá que asumir gastos que antes no enfrentaba.
Pensemos en un joven de Olanchito que necesita su primera licencia de motocicleta para movilizarse al trabajo. Con esta disposición deberá organizar un viaje hasta San Pedro Sula, pagar transporte y alimentación, y posiblemente perder un día de ingresos. Si no logra completar el trámite, tendrá que regresar.
Lo mismo ocurrirá con ciudadanos de Tocoa, Trujillo, Sonaguera, Yoro, Arenal y numerosos municipios donde los ingresos familiares apenas alcanzan para cubrir las necesidades cotidianas.
Para una persona con recursos, desplazarse hasta una ciudad principal puede representar una incomodidad. Para un trabajador que vive de lo que gana cada día, significa un sacrificio económico.
Las autoridades han anunciado brigadas móviles para atender a los municipios, una alternativa que podría reducir parte del problema. Pero todavía falta conocer sus rutas, frecuencia de atención, capacidad y condiciones para realizar las evaluaciones prácticas.
No basta con prometer visitas ocasionales si el ciudadano desconoce cuándo podrá obtener un documento necesario para conducir legalmente.
Hay soluciones que merecen considerarse antes de desmantelar un servicio descentralizado: instalar cámaras durante los exámenes prácticos, digitalizar las citas, eliminar pagos en efectivo, establecer mecanismos de denuncia protegida, auditar expedientes y supervisar de manera independiente a los evaluadores.
Y, sobre todo, investigar a los funcionarios contra quienes existan denuncias sustentadas.
Una licencia de conducir debe entregarse únicamente a quien demuestre conocimientos y capacidad para manejar. En eso no puede haber concesiones. La seguridad vial exige controles rigurosos porque están en juego vidas humanas.
Pero controles rigurosos no significan trámites inaccesibles.
El Estado tiene la obligación de acercar los servicios a la población. Centralizarlos porque no puede controlar adecuadamente a sus empleados representa una renuncia a esa responsabilidad.
Si el problema está en los funcionarios corruptos, que se investigue y sancione a los funcionarios corruptos. No se debe castigar a miles de ciudadanos que quieren cumplir la ley.
La Policía Nacional todavía tiene oportunidad de revisar la decisión, fortalecer los controles en las oficinas regionales y demostrar que combatir la corrupción no exige sacrificar el acceso de la población a los servicios públicos.
El ciudadano que busca su primera licencia no debería terminar pagando, con tiempo y dinero, las consecuencias de una corrupción que corresponde al Estado combatir.

