El Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, ha anunciado la apertura de nuevas líneas de investigación tras recibir un detallado informe de una comisión de fiscales que participó en el juicio contra Juan Orlando Hernández en Nueva York, donde fue declarado culpable de delitos relacionados con el narcotráfico.
Durante el juicio, numerosos testigos señalaron a una extensa lista de políticos, funcionarios y exfuncionarios que habrían estado involucrados en actividades vinculadas al narcotráfico, lo que ha generado un profundo impacto en la esfera política hondureña.
Muchos de los nombres mencionados ya eran conocidos, pero estas nuevas declaraciones han extendido aún más la sombra de sospecha sobre ellos.
En respuesta, el Fiscal General ha anunciado la apertura de investigaciones contra aquellos que fueron mencionados en el juicio, sin importar su afiliación política.
Cerca de 30 personas, entre funcionarios, exfuncionarios y políticos, fueron nombrados durante el proceso judicial, incluyendo a tres expresidentes de la República: Juan Orlando Hernández, Porfirio Lobo Sosa y Manuel Zelaya Rosales.
El impacto de estas acusaciones no se limita solo al ámbito político, sino que también involucra a otros sectores, como empresarios y funcionarios públicos, evidenciando la profundidad de la corrupción y los vínculos con el crimen organizado en Honduras.
El Fiscal General ha reafirmado su compromiso de investigar a todas las personas mencionadas, independientemente de su afiliación política. Señaló que las menciones en el juicio han abierto nuevas líneas de investigación y que se tomarán acciones de oficio para enfrentar la corrupción y la impunidad en el país.
Esta decisión refleja el compromiso de la Fiscalía de actuar con imparcialidad y determinación en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado, a pesar de las presiones políticas y las controversias que rodean el proceso de selección del Fiscal General y su Adjunto.
Johel Zelaya, quien ha sido confirmado recientemente en su cargo, asume el desafío de llevar adelante estas investigaciones con transparencia y rigor, en un momento crucial para la democracia y el Estado de Derecho en Honduras.
