La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha dictaminado que Honduras fue responsable de la destitución arbitraria de cuatro magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) en el año 2012, según la notificación publicada este lunes, marcando un hito en la defensa de los derechos judiciales en el país.
El fallo de la CIDH resalta la violación flagrante de las garantías judiciales, los principios de legalidad e independencia judicial, así como los derechos políticos, a la protección judicial, a la estabilidad laboral y a la integridad personal de los magistrados José Antonio Gutiérrez Navas, José Francisco Ruiz Gaekel, Gustavo Enrique Bustillo Palma y la magistrada Rosalinda Cruz Sequeira.
Como medida reparadora, la CIDH ha ordenado al Estado hondureño llevar a cabo diversas acciones, entre las que se incluyen el pago de una indemnización compensatoria a las víctimas, la realización de un acto público de reconocimiento de responsabilidad y la adopción de medidas legislativas para adecuar el ordenamiento jurídico interno a los estándares internacionales respecto a la estabilidad e inamovilidad en el cargo de quienes ejercen la función judicial.
El caso tiene sus antecedentes en el año 2012, cuando tres fallos de inconstitucionalidad emitidos por la Sala de lo Constitucional de la CSJ fueron objeto de críticas por parte del entonces presidente Porfirio Lobo. Como consecuencia de estas críticas públicas, los magistrados en cuestión fueron destituidos de manera arbitraria, según determinó la CIDH.
En su fallo, la Corte Interamericana concluyó que la destitución de los magistrados constituyó una violación de la independencia judicial, ya que fueron removidos por una autoridad que carecía de competencia para hacerlo.
Además, se determinó que la actuación del Congreso Nacional, al aprobar dichas destituciones, constituyó una desviación de poder con el propósito de castigar a las víctimas por sus decisiones judiciales.
El dictamen también señala la responsabilidad del Estado hondureño por la violación del derecho a la protección judicial de las víctimas, al considerar que el recurso de amparo interpuesto por ellos no constituyó un recurso efectivo.
En última instancia, la CIDH determinó que Honduras violó las garantías judiciales, la protección judicial y la integridad personal de los magistrados debido a la falta de investigación, juzgamiento y sanción de los responsables de los actos de hostigamiento y amenaza denunciados por las víctimas, marcando así un precedente importante en la defensa de los derechos humanos y la independencia judicial en el país.
