La Ceiba. La decisión de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, de revocar el sobreseimiento definitivo otorgado al extinto ambientalista Juan López y otros cuatro defensores del Río Guapinol, ha despertado un repudió en las organizaciones populares del Valle del Agua y la reacción del Fiscal General del Estado.
La decisión de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, vino aumentar las tensiones, a menos de una semana del asesinato de Juan López, en la ciudad de Tocoa. López quien era regidor municipal y lider del movimiento que defiende el río Guapinol de las extracciones mineras, fue atacado a balazos en la noche del 14 de septiembre, cuando salía de un acto religioso en la iglesia de la colonia Faviola Ochoa de esta ciudad.
El extinto ambientalista gozaba de medidas cautelares otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de haber sido sobreseído por los tribunales hondureños.
Este jueves la Corte de Apelaciones de La Ceiba, revocó esa resolución que gozaba López, y un abarca a Carlos George, Reynaldo Domínguez, José Adaly Cedillo y Marco Tulio Ramos.
Juan López y los cuatro ambientalistas, fueron detenidos en 2019 por su oposición al proyecto minero de la empresa Inversiones Los Pinares, proyecto que, según ellos, amenaza los ríos Guapinol y San Pedro, que nacen del Parque Nacional Carlos Escaleras.
Varas organizaciones ambientales y populares del departamento de Colón, denunciaron la pretensión de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, también el Fiscal General de Honduras, Johel Zelaya, a través de su cuenta de X, reaccionó sorprendido ante la decisión de la Corte.
“He ordenado una investigación imparcial y objetiva a la Corte de Apelaciones de La Ceiba, tras haber emitido “ha lugar” un recurso que revoca el sobreseimiento definitivo para los defensores del ambiente de Tocoa, Colón. Asimismo, he instruido que se investigue al fiscal encargado del caso. Reafirmo mi compromiso de hacer justicia. No permitiremos abusos ni confabulaciones de ningún tipo!!”, se pronunció el Fiscal General.
En febrero de 2022, los defensores del ambiente presentaron un amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, argumentando que se les había violado el debido proceso, lo que resultó en el sobreseimiento definitivo a su favor.
La presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Raquel Ovando, aclaró a través de su cuenta en X:
“En relación a la causa de #Guapinol, he instruido a la Supervisión General del Poder Judicial para que se investigue el actuar de las y los jueces conocedores de esta causa en las distintas instancias, a fin de que se establezca si ha existido cualquier tipo de actuación irregular, inobservancia al debido proceso y faltas contra la correcta administración de justicia. Esta administración de la #CSJ reafirma el compromiso de respetar el debido proceso en las actuaciones judiciales y el respeto de los derechos humanos de todas y todos”, escribió la titular del Poder Judicial.
