El Colegio Nacional de Árbitros de Fútbol de Honduras (CONAFH) emitió un contundente comunicado este 16 de junio de 2025 anunciando la suspensión temporal de todos los servicios arbitrales en los torneos regionales a nivel nacional.
La decisión se toma luego de que un árbitro federado fuese agredido físicamente por un jugador del equipo Carbonal F.C. durante un encuentro contra Roma F.C., disputado el pasado domingo 15 de junio en Sonaguera, Colón.
El documento, firmado por el secretario de relaciones del CONAFH, Carlos Roberto Fajardo, ordena de forma tajante a todos los árbitros federados no dirigir ningún partido regional hasta nuevo aviso, como medida de protesta y prevención por los hechos de violencia que, según denuncian, ponen en riesgo su integridad física.
El gremio arbitral justifica esta drástica medida calificando el incidente como un “acto criminal”, y exige mayor seguridad para continuar ejerciendo su labor dentro de los campos de juego. La decisión, aunque comprensible en su dimensión humana, ha generado reacciones mixtas en el entorno deportivo.
Sin embargo, la otra cara de la moneda no tarda en asomarse. ¿Y cuando los árbitros se equivocan, voluntaria o malintencionadamente, a quién le pasa la factura el fútbol amateur?
Esa es la pregunta que muchos entrenadores, jugadores y dirigentes se hacen. Porque si bien los actos de violencia son absolutamente condenables e injustificables, la falta de mecanismos eficaces para denunciar decisiones arbitrales injustas sigue siendo una deuda del sistema futbolístico hondureño.
“El problema es que entre ellos se protegen. Si un árbitro comete un error grave o claramente inclina un partido, no hay instancia a la cual acudir porque el gremio se encierra y no acepta críticas”, comenta un dirigente del fútbol regional que prefirió el anonimato.
Este impasse en los torneos regionales, además de afectar directamente a los clubes en competencia, genera una conversación incómoda pero necesaria: la urgente profesionalización y rendición de cuentas también para los jueces del campo.
Porque así como los jugadores deben acatar reglas, los árbitros también deben responder por sus actuaciones, y no solo retirarse en bloque cuando se sienten amenazados, dejando torneos paralizados.
Por ahora, los torneos regionales de Liga Mayor quedan en suspenso, a la espera de una solución que garantice tanto la seguridad de los árbitros como la transparencia y justicia para todos los actores del fútbol hondureño.
