Un juez otorgó casa por cárcel al exministro José Carlos Cardona y a cuatro imputados por 67 delitos de fraude en Sedesol, una decisión que ha provocado críticas ciudadanas por el contraste con la falta de captura de una diputada de Libre señalada en videos incriminatorios.
La decisión judicial de conceder arresto domiciliario al exministro José Carlos Cardona y a cuatro personas imputadas por el caso del llamado “cheque video” en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) ha intensificado el malestar social, en un contexto marcado por la difusión de videos que comprometen a una diputada en funciones del partido oficialista que permanece prófuga.
La medida fue dictada durante la audiencia de declaración de imputado y beneficia, además de Cardona, a Eleny Galeas, Iris Paola Pérez, Ilsy Valeska Baquedano —asistente de Isis Cuéllar— y Reniery Fabrizzio Lazzaroni. El Ministerio Público acusa a los cinco por 67 delitos de fraude.
La resolución judicial generó reacciones inmediatas en sectores ciudadanos y en redes sociales, donde se cuestiona que, pese a la gravedad de las acusaciones y a la existencia de material audiovisual que evidenciaría el uso político de fondos públicos, los imputados no enfrenten prisión preventiva, mientras otras personas señaladas —incluida una diputada— no han sido capturadas.
El vocero del Poder Judicial de Honduras, Carlos Silva, explicó que el juez designado consideró el arresto domiciliario como la medida idónea para garantizar la presencia de los imputados en la audiencia inicial, bajo vigilancia policial y con informes periódicos de la Policía Nacional.
La audiencia inicial quedó programada para el viernes 6 de febrero, a las 9:00 a.m. Cardona se presentó voluntariamente ante la Corte Suprema de Justicia, mientras que los demás beneficiados con la medida fueron capturados por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).
Silva añadió que la caución ofrecida por Cardona —un bien inmueble valorado en casi cinco millones de lempiras— será analizada en la audiencia inicial. En tanto, los otros imputados presentaron arraigos mediante constancias de vivienda, educación, salud y contratos de arrendamiento.
El vocero judicial recordó que las órdenes de captura contra otros imputados siguen vigentes y que no se ha recibido solicitud de presentación voluntaria, por lo que las fuerzas de seguridad pueden ejecutar las detenciones, incluidas las relacionadas con la diputada Isis Cuéllar.
El caso se originó tras la divulgación de un video en el que se observa a Cuéllar conversando telefónicamente con Cardona sobre el manejo de fondos de Sedesol con presuntos fines de campaña del Partido Libertad y Refundación (Libre) en el departamento de Copán.
La revelación provocó la renuncia de Cardona al ministerio. A nivel partidario, Libre anunció la destitución de Cuéllar de cargos internos y le exigió la renuncia a su curul y a su candidatura; sin embargo, se mantuvo en el cargo y fue reelecta, de acuerdo con registros públicos.
Mientras el proceso judicial avanza, la disparidad entre las medidas cautelares otorgadas y la falta de capturas en un caso de alto impacto continúa alimentando la desconfianza ciudadana y el debate sobre igualdad ante la ley y rendición de cuentas en el manejo de recursos públicos.
“La imputada, Isis Cuéllar, valiéndose de su condición de diputada del Congreso Nacional, gestionó millonarios fondos para ayudas sociales y proyectos comunitarios. Funcionarios de Sedesol, actuando en contubernio, aprobaron solicitudes que no cumplían con los requisitos y presentaron liquidaciones con documentos inconsistentes”, reiteró el fiscal general Johel Zelaya.
