La detención del general en retiro Romeo Vásquez Velásquez, junto a otros ex altos mandos militares, ha encendido las alarmas políticas en Honduras. La diputada nacionalista Johana Bermúdez lanzó un llamado de “alerta internacional”, denunciando lo que considera una persecución política sistemática orquestada por el gobierno del Partido Libre.
En un mensaje difundido en redes sociales, Bermúdez calificó el momento actual como uno de los más oscuros en la historia de Honduras, asegurando que las acciones del gobierno tienen como objetivo imponer una dictadura mediante una constituyente.
Su llamado a la comunidad internacional, incluyendo a la CIDH y la ONU, busca atraer la atención global sobre lo que describe como un retroceso democrático que amenaza la paz y estabilidad regional.
El trasfondo del caso Romeo Vásquez Velásquez
La captura del ex jefe de las Fuerzas Armadas ocurre en el marco de la investigación por la muerte de Isis Obed Murillo, un joven de 19 años que perdió la vida durante una manifestación en 2009, tras el golpe de Estado que derrocó al entonces presidente Manuel Zelaya.
Murillo se convirtió en un símbolo de la resistencia contra el golpe, y su caso ha sido retomado por las autoridades judiciales en un contexto de justicia transicional impulsada por el actual gobierno y empañado por la reciente denuncia del precandidato presidencial Jotge Calix quien denunció que el expediente de esa investigación se perdió de la fiscalia.
Mientras sectores afines al Partido Libre aseguran que la detención de Vásquez Velásquez es un paso hacia la reparación histórica y la rendición de cuentas, la oposición lo percibe como una vendetta política porque hasta el mismo fiscal en su momento confirmo que el expediente de investigación de ese caso estaba perdido.
¿Persecución política o cumplimiento de la ley?
El debate sobre si las acciones del gobierno son una forma de justicia histórica o una persecución política divide profundamente al país. La acusación de Bermúdez se alinea con una posición internacionalista que busca exponer al gobierno hondureño como un régimen autoritario. En su discurso, la diputada señala que la oposición debe ser estratégica y firme para evitar que el país caiga en un sistema dictatorial.
Sin embargo, otros analistas sostienen que la detención de Vásquez Velásquez forma parte de un proceso judicial legítimo que busca responsabilizar a los actores del golpe de Estado de 2009 por los crímenes cometidos durante ese período. Para ellos, lo que se vive no es una persecución política, sino un intento de cerrar heridas históricas a través del sistema judicial.
