Tegucigalpa, Honduras — Han pasado catorce meses desde que el llamado narcovideo sacudió a la opinión pública hondureña y puso bajo escrutinio al círculo más cercano de la familia Zelaya Castro, incluyendo a Carlos Zelaya Rosales, cuñado de la presidenta Xiomara Castro y hermano del expresidente Manuel “Mel” Zelaya. Sin embargo, la respuesta institucional ha sido, hasta ahora, el silencio.
El video de 34 minutos, divulgado por el medio internacional InSight Crime, muestra a Carlos Zelaya reunido con reconocidos narcotraficantes hondureños durante la campaña presidencial de 2013. En la grabación se escucha la frase que se volvió símbolo del escándalo: “La mitad que sea para el comandante”, presunta referencia a Manuel Zelaya, fundador del Partido Libre.
Pese a la gravedad de las revelaciones —que incluyen negociaciones para el supuesto aporte de $650,000 dólares y varios vehículos a la campaña política de Xiomara Castro—, el Ministerio Público no ha presentado requerimiento alguno ni ha mostrado avances visibles en la investigación.
El fiscal general Johel Zelaya, consultado en repetidas ocasiones, ha sostenido que el caso es “viejo” y que su origen tiene “connotaciones políticas”. Esa postura, más cercana al desdén que al deber investigativo, ha sido interpretada por juristas y analistas como una muestra de protección institucional a la familia presidencial.
En el epicentro del escándalo, Carlos Zelaya renunció a su curul en el Congreso Nacional, al igual que su hijo, quien ocupaba un cargo en el Ministerio de Defensa. Ambos aseguraron haber actuado “por cuenta propia”, sin involucrar al expresidente ni a la mandataria.
Sin embargo, la falta de acción judicial contrasta con la rapidez con que el Ministerio Público ha procedido en casos que involucran a opositores políticos o miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).
Para críticos del sistema judicial, esa disparidad confirma una tendencia de “justicia selectiva”.
Pocas semanas después de la difusión del narcovideo, el gobierno hondureño anunció la cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, argumentando que era utilizado como “arma política”. La decisión, tomada el 28 de agosto de 2024, despertó sospechas sobre una posible relación entre el rompimiento y las revelaciones del video.
Catorce meses después, el caso permanece congelado: sin investigación, sin requerimientos y sin responsables. El eco de aquella frase —“la mitad es para el comandante”— sigue sonando en las calles
