Tegucigalpa. – Un nuevo informe del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) reveló un presunto esquema de corrupción dentro de la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización (SGJD), que habría facilitado el desvío de millones de lempiras destinados a proyectos sociales hacia organizaciones no gubernamentales (ONG) ligadas familiarmente a una alta funcionaria de la institución.
El documento, titulado “El negocio de gobernar: cómo el poder se sirve del pueblo”, expone irregularidades en la administración de fondos públicos durante 2022 y 2023, señalando directamente al titular de la SGJD, Tomás Eduardo Vaquero Morris, así como a colaboradores cercanos de la dependencia.
El informe detalla que la SGJD gestionó recursos provenientes del artículo 292 del Decreto Legislativo 157-2022, que autorizaba hasta 950 millones de lempiras para proyectos de infraestructura menor, obras sociales y becas. Estos fondos debían ser ejecutados por entidades estatales como el FHIS, la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) y la propia Gobernación.
Sin embargo, mediante el acuerdo 540-A-2023, firmado por Vaquero, se delegaron funciones al subsecretario Sergio Vladimir Coello y a la gerente administrativa Jackeline Lizzette Pinto Dubón, abriendo paso a la participación de diputados del Congreso Nacional en la autorización de desembolsos.
Según el CNA, esta maniobra no solo excedía facultades legales, sino que violaba la independencia de poderes, al permitir que legisladores intervinieran en la administración de fondos públicos reservados al Ejecutivo.
La investigación identifica al menos seis ONG beneficiadas con desembolsos millonarios y todas con vínculos familiares con Pinto Dubón. Entre ellas figuran:
• Asociación Ayudando con Amor, donde su esposo figuraba como apoderado legal.
• AHDISMA, también bajo la representación del mismo cónyuge, que ejecutó proyectos en varios departamentos.
• CESCOH, con la cuñada de Pinto Dubón como tesorera.
• Saint John, dirigida por otra cuñada de la funcionaria.
• ASOHDECOS y ADESCOH, igualmente ligadas a su esposo como apoderado.
El CNA advierte que todas estas ONG compartían el mismo notario, reforzando la hipótesis de una red familiar organizada para el desvío de recursos.
En las auditorías se documentaron procesos de licitación privada con oferentes repetidos, empresas vinculadas entre sí e incluso adjudicaciones sin presentación de ofertas, lo que sugiere manipulación y simulación de competencia.
El jefe de la unidad de investigaciones del CNA, Luis Urbina, cifró en más de 103 millones de lempiras el perjuicio económico directo, aunque advirtió que el monto total podría ser mayor. En verificaciones de campo se encontraron proyectos inconclusos, sobrevalorados o inexistentes, particularmente en los ejecutados por Ayudando con Amor y CESCOH.
Además, la SGJD incumplió con su obligación de publicar la información en los portales de transparencia, lo que impidió el seguimiento ciudadano sobre el destino de los recursos.
La directora del CNA, Gabriela Castellanos, criticó que “desde la cima del poder se toman decisiones irresponsables que convierten fondos sociales en negocios familiares”.
Por su parte, la SGJD negó los señalamientos mediante un comunicado, asegurando que muchas irregularidades provienen de gestiones anteriores y que desde febrero de 2024 se remitió la información al Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Además, la institución afirmó haber dado de baja a las ONG cuestionadas y destituido al personal señalado.
El comunicado también enfatiza que la selección de ONG fue responsabilidad del Congreso Nacional, conforme a los decretos presupuestarios, y no del titular de Gobernación.
Este caso se suma a otros escándalos donde fondos destinados a proyectos comunitarios y programas sociales terminan desviados a redes privadas. Para analistas, el informe del CNA evidencia un patrón en el que la discrecionalidad política, la falta de controles y los conflictos de interés permiten que recursos públicos se conviertan en botín.
