El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) presentó este martes una denuncia contra dos jueces que favorecieron a exfuncionarios del gobierno de Manuel Zelaya (2006-2009) aplicándoles el decreto 04-2022, conocido como la Amnistía Política, también denominado como el “Pacto de la Impunidad”. Según el CNA, estos jueces habrían cometido el delito de prevaricato judicial.
Gabriela Castellanos, directora del CNA, informó que los jueces denunciados son un togado de letras de lo penal y una jueza de ejecución, quienes presuntamente impartieron justicia selectiva al sobreseer a exfuncionarios como Enrique Flores Lanza, ex presidente del Banco Central de Honduras (BCH), y Marcelo Chimirri, ex gerente de Hondutel.
Castellanos declaró que estos jueces favorecieron a los acusados argumentando que sus procesos judiciales eran persecuciones políticas. Esto, según ella, permitió que los exfuncionarios se acogieran a la amnistía, pese a haber cometido delitos en contra de la administración pública.
El CNA reprochó que la Amnistía Política, aprobada por el Congreso Nacional, haya sido aplicada de forma indebida. Según Castellanos, este decreto estaba destinado a perdonar delitos políticos, pero no debía ser utilizado para beneficiar a quienes cometieron actos ilícitos durante su función pública.
La denuncia presentada también incluye una solicitud para que el Ministerio Público inicie un proceso de antejuicio contra los jueces implicados, identificados como Víctor Méndez y Alma Jacqueline Paz. Aunque ya no ejercen en los cargos mencionados, el CNA busca que se les responsabilice por sus acciones.
Finalmente, el investigador del CNA, Luis Urbina, advirtió que la impunidad en Honduras podría seguir creciendo, ya que la amnistía podría ser utilizada en el futuro por otros funcionarios acusados de delitos, bajo el pretexto de persecución política.
