La divulgación oficial de los resultados de las elecciones generales de Honduras volvió a detenerse este miércoles, generando preocupación entre ciudadanos, observadores y sectores políticos. La interrupción ocurrió en momentos críticos del conteo, pese a que la empresa contratada para operar los sistemas de procesamiento y divulgación tenía la obligación de garantizar su funcionamiento continuo.
La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López Osorio, denunció públicamente la paralización del sistema de divulgación y calificó el hecho como “inexcusable”. Según afirmó en su cuenta oficial de X, la empresa ASD, S.A.S. habría ejecutado acciones de mantenimiento sin informar al Pleno, afectando tanto el ingreso de actas como el funcionamiento de las salas de divulgación instaladas para mitigar fallas previas.
“Dejo constancia pública de mi inconformidad con el proceder de la empresa… incumplen con las condiciones de la contratación, pero sobre todo con el pueblo hondureño”, escribió la consejera.
De acuerdo con estimaciones basadas en informes preliminares del propio Estado hondureño, el proceso electoral 2025 costó al pueblo hondureño más de 2,200 millones de lempiras, incluyendo contratación de tecnología, logística, seguridad, capacitación y la operación del TREP. La intención de esta inversión era garantizar unas elecciones transparentes, modernas y libres de opacidad.
Sin embargo, la nueva detención de datos revive las mismas dudas que han marcado procesos anteriores y que el país esperaba dejar atrás: fallas tecnológicas, falta de comunicación interna, retrasos injustificados y controversias abiertas sobre la integridad del conteo.
La interrupción ocurrió mientras el CNE procesaba miles de actas restantes que definirán contiendas cerradas en varios niveles de elección, incluidas diputaciones y corporaciones municipales. La falta de información pública en tiempo real ha generado un clima de incertidumbre que ya empieza a tensionar el ambiente político.
Aunque el órgano electoral no se ha pronunciado oficialmente sobre las causas técnicas específicas de la interrupción, fuentes internas señalan que el sistema habría presentado fallas que requieren intervención directa de técnicos de la empresa contratada.
Organizaciones de sociedad civil que monitorean el proceso expresaron preocupación por la falta de claridad en el manejo del sistema de divulgación y recordaron que la normativa electoral exige transparencia absoluta durante el conteo preliminar.
Varios sectores han cuestionado que, pese a la millonaria inversión, el sistema vuelva a detenerse en los momentos más sensibles del proceso, dando pie a sospechas y especulaciones políticas que podrían erosionar la confianza en los resultados.
Con el escrutinio aún en curso y miles de actas pendientes de procesamiento, el CNE se encuentra bajo creciente presión pública para restablecer la divulgación y garantizar un flujo de información continuo, verificable y accesible a todos los sectores.
