La denuncia de la diputada y doctora Suyapa Figueroa vuelve a poner en el centro del debate una práctica que se ha vuelto recurrente en la administración actual: las compras directas de medicamentos e insumos médicos, una modalidad que —aunque legal en condiciones de emergencia— puede abrir la puerta a sobrevaloraciones, discrecionalidad y opacidad en el uso de fondos públicos.
Figueroa cuestionó duramente que, tras un proceso de licitación en el que participaron 40 oferentes, ahora los mismos proveedores que compitieron bajo reglas establecidas serán beneficiados por la vía de compras directas, sin las garantías de ley y a precios más elevados.
“Eso es lo que escuchamos ahorita, a ellos mismos se les van a comprar, pero a un precio distinto, a garantías diferentes”, lamentó.
El problema de fondo —según la diputada— no es solo el cambio de modalidad, sino la reiteración de este tipo de prácticas durante más de tres años de gobierno, lo que refleja un patrón de comportamiento institucional que debilita los mecanismos de transparencia y control. “Se presta a situaciones en las que pudiera haber lugar a dudas”, expresó, subrayando que las víctimas de este sistema son, como siempre, los pacientes más vulnerables del sistema público de salud.
Por su parte, el también diputado y médico, Carlos Umaña, agregó un elemento aún más preocupante: la calidad de los productos adquiridos. “La caja de Pandora que abre una compra directa es muy grande, no solamente en el aspecto de la sobrevaloración de los precios, sino en la calidad del producto”, advirtió, haciendo eco de la necesidad de vigilancia técnica sobre los medicamentos que ingresan al país.
Ambos parlamentarios coinciden en que la Secretaría de Salud no ha sido transparente con la información. Hasta ahora, no se ha publicado oficialmente la lista de medicamentos que están en riesgo de escasez, ni se han aclarado los criterios técnicos que justifican esta nueva ronda de compras directas.
La ley de contratación del Estado permite excepciones en casos de emergencia, pero el uso continuo y sin supervisión de esta figura ha convertido lo excepcional en norma, lo que podría representar un retroceso institucional en materia de gestión pública.