El ministro del Instituto Nacional Agrario (INA), Francisco Funes, admitió que la crisis agraria en el país, especialmente en el departamento de Colón, es un problema estructural que ha persistido por años y que no puede ser resuelto únicamente por su institución.
Sus declaraciones surgen después de un nuevo enfrentamiento registrado el lunes en la zona de Tocoa y Trujillo, donde al menos tres personas resultaron heridas por arma de fuego en el conflicto de tierras en una finca ocupada.
El INA y su papel en la crisis agraria
Funes enfatizó que el INA es un “distribuidor de tierras”, pero que la solución del conflicto requiere la intervención de múltiples sectores, incluyendo la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Seguridad y el Ministerio Público. “Nosotros colaboramos, pero enfrentar este problema requiere coordinación con todas las instituciones del Estado”, afirmó.
El funcionario también denunció que actores políticos, como alcaldes y diputados, han intervenido en el conflicto con fines electorales, lo que ha complicado aún más la situación.
Factores que agravan la conflictividad en Colón
Según Funes, el problema en Colón ha evolucionado con el tiempo, involucrando ahora a diferentes grupos:
• Propietarios con títulos registrados.
• Campesinos organizados en plataformas agrarias que exigen la recuperación de tierras.
• Comunidades locales afectadas por la inseguridad.
• Grupos criminales y narcotraficantes que aprovechan el caos para sus propios intereses.
“En río revuelto, ganancia de pescadores. Hay bandas criminales operando en la zona, y el Ministerio de Seguridad ya ha tomado acciones importantes para capturar a algunos de ellos”, aseguró.
Medidas y llamados a la solución
El ministro del INA informó que el gobierno ha convocado a diversos sectores, incluyendo organismos de derechos humanos y empresarios, para buscar una solución integral. Aunque no brindó detalles sobre la estrategia para evitar comprometerla, resaltó que se han intensificado operativos contra actividades ilegales en la zona.
Funes hizo un llamado a evitar la criminalización de los campesinos y a reconocer la complejidad del conflicto. “No podemos seguir abordando esto únicamente con represión, como lo hicieron gobiernos anteriores. Necesitamos soluciones estructurales y sostenibles”, concluyó.
Mientras tanto, la tensión sigue en la región del Bajo Aguán, con bloqueos en carreteras y enfrentamientos entre grupos.
