El Congreso Nacional de Honduras aprobó la noche de este miércoles, con 93 votos de cuatro bancadas, la destitución del fiscal general Johel Zelaya, culminando un proceso de juicio político sin precedentes en el país y que redefine el equilibrio de poder en el sistema de justicia.
La decisión se produjo tras la negativa de Zelaya —quien se encontraba suspendido— de comparecer ante el pleno legislativo, pese a haber sido convocado luego de la interpelación realizada por una comisión especial que recopiló testimonios de siete testigos y analizó pruebas documentales.
Durante la sesión, marcada por protestas de la bancada del partido Libertad y Refundación (Libre), la Junta Directiva dio lectura al informe final que sirvió de base para la votación. El documento concluye que existen indicios de actuaciones contrarias a la Constitución, negligencia en el ejercicio del cargo y falta de independencia funcional, recomendando al pleno determinar responsabilidad política y proceder con la destitución.
El presidente del Congreso, Tomás Zambrano, defendió la legalidad del proceso al asegurar que se respetaron las garantías del funcionario. “Él renunció a su derecho de presentarse ante el pleno del Legislativo y no podemos esperar más. Este Congreso ha respetado el proceso constitucional y se le ha permitido su legítima defensa”, expresó.
Más allá de la votación, el informe legislativo trazó un diagnóstico severo sobre la gestión de Zelaya al frente del Ministerio Público. La comisión señaló la existencia de prácticas sistemáticas de instrumentalización de la justicia con fines políticos, incluyendo presunta selectividad en investigaciones, manipulación de expedientes y protección a determinados sectores.
Entre los hallazgos, se mencionan denuncias de presiones internas a fiscales, supuestas alteraciones de procesos investigativos y omisiones en casos de alto perfil, así como la validación pública de pruebas sin respaldo técnico. El documento también advierte sobre una concentración de poder en un círculo reducido de funcionarios, lo que habría debilitado la autonomía institucional.
Uno de los señalamientos más delicados incluye el testimonio de una fiscal que aseguró haber recibido órdenes para modificar un caso de corrupción contra un exalcalde, en un contexto que, según la comisión, evidenciaría interferencia directa en la labor del ente acusador.
Asimismo, el informe sugiere posibles impactos en el ámbito electoral debido al manejo de casos sensibles en momentos clave, lo que, según los diputados, afectó la institucionalidad democrática.
Con base en estas conclusiones, el Congreso determinó que existió abuso de poder y uso indebido del cargo, configurando las causales para la separación definitiva de Zelaya.
La destitución abre un nuevo capítulo en el Ministerio Público, con la designación inmediata de Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo titular, en una decisión que no solo redefine la conducción del ente acusador, sino que también establece un precedente sobre el alcance del control legislativo en Honduras.
