Una Corte de Apelaciones resolvió este día anular la sentencia en contra del expresidente Juan Orlando Hernández y ordenó al juez Kevin Castel eliminar las acusaciones del expediente judicial, en una decisión que reconfigura el escenario legal del exmandatario y obliga a reiniciar el proceso.
La resolución, confirmada por el propio exgobernante y su esposa, la exprimera dama Ana García de Hernández, implica que la condena previamente dictada queda sin efecto, dejando sin validez las actuaciones judiciales anteriores y abriendo la puerta a una revisión integral del caso.
Aunque hasta el momento no se han detallado todos los fundamentos jurídicos, el tribunal determinó que existían elementos suficientes para invalidar la sentencia y depurar el registro del proceso. García de Hernández expresó que la decisión representa un acto de justicia, agradeciendo públicamente lo que calificó como la limpieza del expediente de su esposo.
El caso contra Hernández, quien gobernó Honduras entre 2014 y 2022, estuvo vinculado a señalamientos de narcotráfico y conspiración en tribunales de Estados Unidos, generando amplio impacto político y mediático tanto a nivel nacional como internacional.
Tras conocerse el fallo, el exmandatario reaccionó a través de redes sociales con un mensaje de carácter religioso, interpretado por sus seguidores como un signo de reivindicación tras años de controversia judicial. En su pronunciamiento, también agradeció el respaldo de su familia y mencionó al expresidente estadounidense Donald Trump por su supuesto apoyo durante el proceso.
Asimismo, Hernández manifestó su intención de reencontrarse con su familia, solicitando al Ministerio Público la devolución de sus bienes y la suspensión de cualquier orden de captura vigente en Honduras.
La decisión judicial abre un nuevo escenario que podría derivar en distintas rutas legales, incluyendo la revisión completa del expediente, un eventual cierre del caso o la presentación de nuevas acciones por parte de la Fiscalía.
El fallo marca un giro en uno de los procesos judiciales más emblemáticos en la historia reciente de Honduras. Más allá de sus implicaciones legales, la resolución reaviva el debate sobre el sistema de justicia, la cooperación internacional y el peso político de los casos de alto perfil.
