La decisión del gobierno de los Estados Unidos de cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para más de 70,000 hondureños no es solo un cambio de política migratoria. Es una bofetada geopolítica, un llamado de atención y un reflejo —incómodo pero inevitable— de lo que Honduras representa hoy en la agenda internacional de Washington.
La medida, que entra en vigor en apenas 60 días, obliga a miles de compatriotas a una encrucijada desgarradora: regularizarse en un país que ya los acogió por más de dos décadas, regresar a una patria que les ofrece muy poco, o lanzarse a la sombra de la ilegalidad con el temor constante a la deportación.
Pero ¿por qué ahora? ¿Por qué esta decisión tan drástica y sin contemplaciones?
Estados Unidos no toma decisiones de este calibre sin calcular el impacto político. Y aquí hay un mensaje claro: la paciencia con el gobierno de Xiomara Castro se agota. La Casa Blanca observa con preocupación la deriva ideológica del oficialismo, sus vínculos con gobiernos como el de Venezuela, Nicaragua y Cuba, y su postura cada vez más distante del enfoque democrático que Washington espera de sus aliados.
La cancelación del TPS no ocurre en el vacío. Viene después de una serie de fricciones: el distanciamiento de Tegucigalpa con Taiwán y su acercamiento inmediato a China; la frialdad con la que se han manejado los compromisos en derechos humanos, institucionalidad y combate a la corrupción; y, más recientemente, la retórica antiestadounidense de algunos sectores del partido de gobierno. Todo eso ha sumado puntos en contra.
El gobierno de Honduras ha reaccionado con comunicados tibios, promesas de gestiones diplomáticas y llamados al “diálogo”. Pero, en el fondo, es evidente que no existía una estrategia sólida para defender los intereses de los hondureños en EE. UU. Tampoco se cultivó una relación cercana con la administración Biden, a pesar de que el espacio para ello existía.
Durante años, el TPS fue sostenido en parte gracias a una intensa gestión de diplomacia directa, presión política y cabildeo de gobiernos anteriores. Hoy, en contraste, la ausencia de liderazgo y de una política exterior coherente nos pasa factura.
El impacto será devastador para muchas familias. Las remesas —que representan más del 25% del PIB nacional— podrían sufrir un golpe. Miles de hogares en Honduras que dependen del dinero que envían sus familiares desde EE. UU. verán comprometida su estabilidad económica.
A esto se suma el posible regreso de miles de hondureños que, al perder su estatus legal, buscarán retornar o migrar de forma irregular, alimentando así un nuevo ciclo de desplazamiento, pobreza y desesperanza.
La lección que deja este golpe es clara: no podemos depender eternamente de la misericordia de otros países para garantizar el bienestar de nuestros ciudadanos. La política exterior no puede ser manejada desde la ideología o la improvisación. Requiere estrategia, sensatez y sobre todo, visión de país.
Si el gobierno de Xiomara Castro quiere verdaderamente abogar por los intereses de los hondureños, debe abandonar la narrativa de confrontación internacional y comenzar a construir puentes reales con quienes, nos guste o no, siguen siendo nuestros principales socios estratégicos.
Porque cuando se rompen los puentes —como el TPS— lo que se pierde no son papeles. Lo que se rompe es el futuro de miles de hondureños que, desde lejos, han sostenido con esfuerzo lo que aquí no hemos sabido construir.
