Tegucigalpa – En un país donde la ley debería estar al servicio de la justicia y no de los intereses de los políticos de turno, las recientes declaraciones del ministro de Energía, Erick Tejada, han encendido un debate sobre la impunidad y la ausencia de un verdadero contrapeso judicial.
Tejada, en medio de un enfrentamiento verbal con el exvicecanciller Antonio García, admitió que el Gobierno —y en particular el partido oficialista LIBRE (Libertad y Refundación)— conoce de actos de corrupción cometidos por sus propios miembros, pero que estos señalamientos se hacen públicos únicamente cuando la persona se convierte en adversario político.
En otras palabras: la corrupción se tolera mientras exista lealtad interna, y se denuncia solo como herramienta de castigo.
En un escenario institucional sano, estas declaraciones serían motivo suficiente para que el fiscal general citara a Tejada a rendir declaración sobre tráfico de influencias y otros posibles delitos conexos.
Sin embargo, en Honduras, con la Fiscalía descabezada y bajo un contexto de disputas políticas por su nombramiento, ningún órgano judicial ha dado un paso al frente.
Abogados especializados en el Código Civil y el derecho penal hondureño consultados por este medio advierten que la omisión de investigar podría constituir prevaricato por omisión si existieran autoridades facultadas que, conociendo un hecho punible, decidieran no actuar.
“Cuando un funcionario de alto rango admite públicamente que sabe de actos de corrupción, está reconociendo un conocimiento directo de un posible delito. Esa sola admisión genera la obligación de investigar”, señala uno de los abogados.
El problema, añaden, es que sin un fiscal general imparcial y con la politización de las instituciones de control, estos casos quedan atrapados en un limbo que favorece la impunidad.
Para analistas políticos, este episodio no solo expone la fragilidad del sistema judicial, sino que proyecta la imagen de un partido oficialista que utiliza la corrupción como moneda de cambio en sus relaciones internas.
Este patrón erosiona la credibilidad del discurso anticorrupción y, a juicio de algunos críticos, acerca a LIBRE a prácticas propias de estructuras catalogadas como “narcoterroristas” en el ámbito internacional: control territorial, instrumentalización de la lealtad y uso político del miedo.
Lo ocurrido revela una verdad incómoda: en Honduras, más que un problema de leyes, existe un problema de voluntad política para aplicarlas.
Mientras la justicia dependa del cálculo partidista, confesiones como la de Tejada no pasarán de ser titulares efímeros… hasta que, quizá, un verdadero fiscal general se atreva a poner la ley por encima del poder.
