En medio de la expansión acelerada de las redes sociales y la influencia creciente de creadores de contenido en la opinión pública, gobiernos, academias y gremios profesionales reabren un debate sensible: ¿es necesario regular quién puede opinar o dar recomendaciones sobre temas técnicos como salud, economía, derecho o finanzas?
La discusión no gira en torno a censurar opiniones personales, sino a proteger a la ciudadanía de información errónea que puede tener consecuencias reales y, en algunos casos, irreversibles.
La pregunta ha cobrado fuerza tras experiencias recientes en distintos países donde la desinformación difundida por influencers sin formación ha derivado en automedicación peligrosa, estafas financieras, pánico económico o desconfianza hacia sistemas de salud.
“La libertad de expresión no equivale a libertad de causar daño”, resume la Doctora María Fernanda Nuñez, especialista en salud pública, quien sostiene que “dar consejos médicos sin formación no es una opinión, es una irresponsabilidad”.
Países que ya avanzan en regulaciones
China es el caso más citado: exige acreditación profesional para creadores que hablan de medicina, finanzas, derecho o educación, además de registro con identidad real. En la Unión Europea, aunque no se exige título para opinar, plataformas y autoridades han endurecido normas contra la desinformación sanitaria y económica, especialmente tras la pandemia.
Alemania y Francia contemplan sanciones cuando se difunde información falsa que ponga en riesgo la salud pública.
En Estados Unidos, el enfoque es más laxo por la Primera Enmienda, pero colegios médicos y financieros presionan para que plataformas etiqueten o limiten contenidos que simulan asesoría profesional sin respaldo.
Países como Australia y Canadá avanzan en marcos regulatorios que distinguen entre opinión personal y recomendación técnica.
¿Por qué no debería opinar cualquiera sobre temas técnicos?
Especialistas coinciden en que no todo contenido es inocuo. “Una mala recomendación financiera puede arruinar ahorros; una médica, costar una vida”, advierte el economista Jorge Padilla, quien propone que las plataformas exijan avisos claros de no asesoría o verificación de credenciales cuando se trate de inversiones. Para la abogada Laura Méndez, permitir que cualquier persona “hable como experto” erosiona la confianza pública y banaliza años de formación profesional.
Los gremios subrayan que regular no implica silenciar: opinar es distinto a prescribir. La línea roja aparece cuando el creador de contenido se presenta como autoridad, vende soluciones o influye directamente en decisiones críticas sin base científica o ética.
En el debate público reciente se ha vuelto común ver a voces con alta influencia en redes sociales lanzar acusaciones graves sin el contexto técnico necesario.
Así ocurre cuando alguien señala una carretera de doble tratamiento asfáltico como “un robo”, ignorando —o desconociendo— que este tipo de obra requiere mantenimiento periódico cada cuatro o cinco años para conservar su funcionalidad, y que su deterioro no es prueba automática de corrupción.
Del mismo modo, hay quienes opinan como si fueran abogados, atribuyendo delitos a personas solo por rumores o percepciones personales, sin pruebas ni procesos legales que los respalden. El problema no es la crítica al gobierno, que es legítima y necesaria, sino la simplificación irresponsable de temas técnicos y legales, que, amplificada por la influencia social de quien habla, termina convirtiendo suposiciones en verdades aceptadas y erosiona la comprensión pública de cómo funcionan realmente las obras, la ley y el Estado.
Temas que podrían regularse
Entre los ámbitos donde se plantea mayor control destacan:
• Salud y medicina (tratamientos, medicamentos, diagnósticos).
• Economía y finanzas (inversiones, criptomonedas, asesoría fiscal).
• Derecho (consejos legales que sustituyen defensa profesional).
• Educación formal (certificaciones, títulos, procesos oficiales).
• Seguridad y emergencias (información que puede generar pánico).
Un equilibrio pendiente
El reto, reconocen expertos, es equilibrar libertad de expresión con responsabilidad social. “No se trata de callar voces, sino de ordenar el ruido”, afirma el periodista Ñuis Lemus.
Mientras las redes siguen marcando agenda, el consenso emergente apunta a que la credibilidad debe respaldarse con conocimiento, y que los Estados, plataformas y usuarios tienen un rol compartido para evitar que la viralidad sustituya a la verdad.
