En una acción que deja al descubierto el grave nivel de infiltración del crimen organizado en el sistema penitenciario hondureño, autoridades del Instituto Nacional Penitenciario (INP) hallaron una caleta clandestina dentro de la cocina del Módulo de Sentenciados No. 1 del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), considerada la cárcel más importante y custodiada del país.
El hallazgo incluye armamento de alto poder —incluyendo armas antitanque—, drogas, equipo táctico, sistemas de comunicación avanzados y una suma estimada en 400 mil lempiras en efectivo.
Todo esto escondido bajo una estructura colapsada durante trabajos de remoción y limpieza tras operativos internos. El director del INP, general Ramiro Muñoz, confirmó que la operación fue precedida por el desalojo de los privados de libertad del módulo, lo que permitió realizar la intervención sin incidentes.
“Solo en este módulo había una logística digna de un ejército irregular. ¿Contra quién se preparaban? ¿Contra el Estado?”, se preguntó el general Muñoz en declaraciones a los medios, subrayando que la magnitud del hallazgo revela una estructura criminal que operaba con niveles de autonomía y capacidad alarmantes desde dentro de la cárcel.
Este episodio no es un hecho aislado. Es parte de una serie de operativos realizados por las autoridades penitenciarias con el objetivo de recuperar el control en centros carcelarios donde, por años, los reos han tenido acceso a armas, lujos y libertad operativa.
La situación en Támara confirma que las cárceles de máxima seguridad siguen siendo nodos operativos del crimen organizado, más que centros de rehabilitación o castigo.
Paralelamente, en el centro penitenciario de El Boquerón, ubicado en Santa Rosa de Copán, continúan los operativos de requisa. Allí, las autoridades decomisaron una lista insólita de bienes prohibidos: 64 televisores, 10 refrigeradoras, 184 bocinas, 12 aires acondicionados, así como videojuegos, cigarros, estufas eléctricas y hasta animales silvestres, entre ellos 7 tortugas pecho amarillo, un pizote y 2 pijijes (patos).
El inventario no solo revela el poder adquisitivo de ciertos reclusos, sino también la permisividad —o complicidad— que ha reinado en muchas administraciones carcelarias.
Se confirma una vez más que los centros penitenciarios hondureños han sido adaptados para el confort y control de grupos criminales, con redes de corrupción que desafían cualquier esfuerzo de institucionalidad.
Los recientes hallazgos en Támara y El Boquerón reafirman que el sistema penitenciario de Honduras necesita algo más que operativos puntuales. Se requiere una reforma estructural, sostenida y transparente, que no solo desarticule el control criminal, sino que también reconstruya la credibilidad institucional.
