Támara, Francisco Morazán — En un operativo de inspección y reforma penitenciaria, el coordinador del Sistema Penitenciario de Honduras, general Ramiro Muñoz, reveló la existencia de varios módulos de lujo dentro del centro penal de Támara, en el departamento de Francisco Morazán, que ya fueron desmantelados y destruidos como parte de las acciones para recuperar el control de los centros carcelarios del país.
Los espacios, que contrastaban con la realidad de hacinamiento generalizado, contaban con aire acondicionado, televisores, refrigeradoras, baños de lujo, recámaras amplias y paredes de bloque y cemento.
“¿Cómo no va a haber hacinamiento en los centros penales con este tipo de cosas?”, cuestionó el general Muñoz, tras confirmar que en espacios donde debían permanecer 40 privados de libertad, solo había cinco.
Uno de los ocupantes de estos módulos exclusivos era Darwin Orlando Ramos Díaz, un extraditable solicitado por la justicia de Estados Unidos, cuya extradición fue autorizada de forma diferida en febrero de este año.
Según las autoridades, los privilegios otorgados a algunos reclusos evidencian la permisividad e incluso la complicidad de personal penitenciario. Por tal motivo, se anunció que 22 funcionarios serán despedidos en las próximas dos semanas.
“Muchos privados de libertad estaban cumpliendo su condena mejor que cualquier ciudadano promedio”, declaró Muñoz, reafirmando que estas prácticas pertenecen al pasado.
Además, confirmó que más de 6,000 reos han sido trasladados a cárceles de máxima seguridad y que se han cerrado centros penitenciarios urbanos como los de Trujillo y La Esperanza, Intibucá, para reducir los riesgos a la población civil.
La actual administración del Instituto Nacional Penitenciario (INP), que asumió en julio de 2023, impulsa una reforma estructural bajo un enfoque de orden, seguridad y equidad, enfrentando una realidad penitenciaria con una capacidad instalada para 8,000 personas, pero con una población carcelaria que supera los 20,000 internos.
El General Muñoz no precisó el número exacto de módulos destruidos, pero afirmó que estos espacios ofrecían comodidades dignas de un hotel, y que su erradicación es parte del compromiso para recuperar la institucionalidad y eliminar los privilegios indebidos en el sistema penitenciario hondureño.
