La comunidad migrante hondureña radicada en Estados Unidos expresó su profundo rechazo a las declaraciones de la presidenta Xiomara Castro, quien amenazó con cerrar la base militar estadounidense en Palmerola si se llevan a cabo deportaciones masivas de hondureños. Organizaciones promigrantes y líderes comunitarios en el sur de la Florida han alzado su voz, pidiendo a la mandataria no estigmatizar a la diáspora y rectificar sus políticas.
Juan Flores, presidente de la Fundación 15 de Septiembre, acompañado de otros líderes comunitarios, emitió un pronunciamiento conjunto en el que se denuncia que la presidenta Castro nunca ha mostrado un interés real en proteger a los migrantes hondureños sin estatus legal en EE.UU. “Desde el inicio de su gobierno, Castro ha dado la espalda a los hondureños en el extranjero. Su ausencia en la Cumbre de las Américas fue una señal clara de abandono,” lamentó Flores.
La preocupación principal de los migrantes es la amenaza de gravar las remesas, que en 2024 superaron los 9 mil millones de dólares, representando el 27 % del PIB de Honduras. Ante esta posibilidad, los empresarios hondureños establecidos en Estados Unidos temen que sus ingresos se vean gravemente afectados. José Meza, empresario hondureño en Florida, señaló que esta medida sería un duro golpe para quienes sostienen la economía del país desde el extranjero.
El enfrentamiento entre Honduras y Estados Unidos ha escalado tras las advertencias de senadores republicanos como Mike Lee y Ted Cruz, quienes consideran la posibilidad de trasladar la base de Palmerola a Guatemala y gravar las remesas enviadas desde EE.UU. a Honduras. Estas medidas han generado incertidumbre en los migrantes, quienes temen represalias económicas por las acciones del gobierno hondureño.
Los líderes comunitarios también hicieron un llamado a la administración de Joe Biden y al próximo gobierno de Donald Trump, instándolos a proteger a los hondureños mediante la extensión del TPS. Además, pidieron sanciones específicas contra el gobierno de Xiomara Castro, al que acusan de corrupción, persecución política y violaciones de derechos humanos.
El impacto de este nuevo conflicto no solo afecta a la diáspora, sino también a diferentes sectores económicos, sociales y políticos en Honduras, quienes han manifestado su preocupación ante las repercusiones de las declaraciones de la presidenta Castro.
