La disputa por la presidencia del Congreso Nacional ha dejado de ser un asunto interno del Legislativo para convertirse en una señal temprana de cómo podría configurarse —o fracturarse— la gobernabilidad del país en los próximos años.
La aspiración de Salvador Nasralla de presidir el hemiciclo, con su esposa Iroshka Elvir colocada estratégicamente a su lado, no puede leerse como un movimiento aislado ni ingenuo. Para que ese escenario se concrete, solo existe una vía posible: una alianza tácita o explícita con Manuel Zelaya y la cúpula del partido Libertad y Refundación (Libre).
Ese eventual entendimiento, a todas luces evidente para observadores políticos, no sería inocuo. Por el contrario, abriría la puerta a un Congreso alineado a intereses que han demostrado, en el pasado reciente, una peligrosa disposición a subordinar la institucionalidad a cálculos de poder.
El resultado sería predecible: un país nuevamente polarizado, con riesgos claros de ingobernabilidad, bloqueos legislativos selectivos y decisiones estratégicas tomadas no en función del interés nacional, sino de la autoprotección política.
En ese ambiente, no son menores las alertas que se activan. Un Congreso presidido bajo una alianza Nasralla–Libre podría convertirse en un dique para las extradiciones futuras, en un muro de contención frente a cualquier intento de juicio político contra el actual Fiscal General —incluido uno que pudiera involucrar a figuras del círculo más cercano de Libre— y en un instrumento para congelar procesos judiciales incómodos para quienes hoy concentran poder e influencia como Luis Redondo, Manuel Zelaya y su círculo mas cercano.
Frente a ese escenario, el papel de Tomás Zambrano adquiere una dimensión clave. A la distancia, es evidente que ha sido ungido como el operador legislativo del presidente electo Nasry Asfura y del nacionalismo, con la compleja misión de recomponer el tablero parlamentario y evitar que el Congreso se convierta en un factor de desestabilización del próximo gobierno.
No se trata solo de sumar votos, sino de construir un equilibrio que garantice gobernabilidad sin claudicar en principios democráticos.
Nasralla, por su parte, enfrenta su propio dilema. Si aspira a liderar el Congreso, deberá explicar —con claridad y sin ambigüedades— a las bases liberales por qué una alianza con Mel Zelaya y Libre sería genuina y no un pacto de conveniencia destinado a blindar a una élite política de eventuales responsabilidades legales.
Hasta ahora, esa explicación no ha llegado, y el silencio alimenta las sospechas.
En este momento crítico, figuras como Marlon Lara, Roberto Contreras y Yani Rosenthal, así como diputados liberales con vocación institucional, cargan sobre sus hombros una responsabilidad histórica. Sus decisiones podrían inclinar la balanza hacia un Congreso que actúe como contrapeso democrático o, por el contrario, permitir que Mel Zelaya juegue su última carta política desde las sombras del poder legislativo.
La presidencia del Congreso no es un trofeo personal ni un refugio político. Es una pieza clave del Estado de derecho. Lo que está en juego no es un cargo, sino la estabilidad democrática de Honduras. Y el país observa.
