Honduras se encuentra una vez más en medio de un clima de incertidumbre política y judicial, marcado por una convocatoria inesperada al pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). La sesión, programada para el viernes 20 de septiembre a las 8:00 de la mañana, busca dilucidar dos temas de gran relevancia para el país: la constitucionalidad de las Zonas Especiales de Desarrollo Económico (ZEDEs) y la amnistía política.
La convocatoria de la presidenta de la CSJ, Rebeca Ráquel Obando, llega en un momento tenso, no solo por la urgencia de los temas a tratar, sino también por la ausencia de cinco magistrados titulares, lo que ha provocado una ola de críticas y especulaciones. Tres magistrados se encuentran en asignaciones en el extranjero, mientras que otros dos están incapacitados por motivos de salud. A pesar de ello, la sesión sigue adelante, lo que ha generado preocupación entre la oposición política y la ciudadanía.
Contexto de la sesión
En la agenda del pleno destacan dos asuntos clave: la revisión de los recursos de inconstitucionalidad sobre las ZEDEs y la solicitud de amnistía para el exalcalde de San Pedro Sula, Rodolfo Padilla Sunseri, quien ya ha sido absuelto en cuatro casos judiciales, pero aún enfrenta otros tres procesos pendientes. Las ZEDEs, aprobadas en 2013, han sido un tema de controversia desde su creación, y la sesión del viernes podría culminar en su declaración de inconstitucionalidad.
La urgencia por tratar estos temas, en medio de un escenario de crisis institucional, ha llevado a algunos analistas a cuestionar los verdaderos motivos detrás de la convocatoria. Para muchos, esta situación es un reflejo de la creciente ingobernabilidad y la influencia de la política en el ámbito judicial.
Reacciones ante la convocatoria
Uno de los primeros en manifestarse públicamente fue Tomás Zambrano, jefe de la bancada nacionalista en el Congreso. Zambrano criticó la convocatoria y alertó sobre las posibles implicaciones políticas, señalando que podría tratarse de un intento por parte del gobierno actual para inhabilitar a los diputados que apoyaron las ZEDEs hace más de una década. Según Zambrano, la ausencia de nueve magistrados titulares debilita la legitimidad de la sesión y facilita un perdón a miembros del Partido Libre involucrados en casos de corrupción.
Por su parte, la exjueza Karla Romero, quien presentó un recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto de Amnistía, instó a los magistrados a actuar con base en principios democráticos y evitar que la CSJ sea utilizada como un instrumento político. “Sus actos van a perseguirles por siempre”, advirtió Romero, en un llamado a la ética y el compromiso con la justicia.
La sombra del narcovideo y el asesinato de Juan López
Esta sesión se desarrolla en un contexto aún más complicado debido a la reciente divulgación de un narcovideo que involucra a miembros de la familia presidencial y otros políticos hondureños. Además, el asesinato del ambientalista Juan López, supuestamente vinculado a la lucha contra el narcotráfico en Tocoa, ha intensificado las tensiones. El alcalde de esa ciudad y el gobernador de Colón, quienes aparecen en el video, siguen en sus cargos, lo que ha generado críticas por la falta de acción por parte del gobierno.
El trasfondo legal
Para el abogado Kenneth Madrid, esta situación refleja un posible uso instrumental de la justicia, especialmente en lo que respecta a las ZEDEs. Madrid señala que la Corte Suprema no debería pronunciarse sobre un artículo que ya fue derogado por el Congreso Nacional. “La Sala Constitucional no tiene potestad para declarar inconstitucional una ley que ya ha sido derogada”, explicó. Además, subrayó que sería improcedente acusar a los diputados que votaron a favor de las ZEDEs de traición a la patria, ya que están protegidos por la inmunidad parlamentaria.
Raúl Pineda Alvarado, abogado y analista político, también advirtió sobre las implicaciones de esta sesión en el panorama legal hondureño. Según Pineda, la CSJ podría intervenir en asuntos relacionados con la inviolabilidad de la Constitución, pero no tiene autoridad para declarar inconstitucional algo que forma parte de la misma. Esto, aseguró, complica aún más la situación.
Una decisión política
El analista Lester Ramírez coincidió en que esta convocatoria tiene un fuerte componente político. Ramírez cree que es poco probable que haya unanimidad entre los magistrados, y que la falta de una mayoría simple favorece a la oposición. “Todo lo que se haga ahora tendrá matices políticos electorales”, afirmó, subrayando que el asesinato de Juan López ha añadido un factor de tensión en las discusiones judiciales.
El futuro de Honduras en juego
Mientras la fecha de la sesión se acerca, las dudas sobre la independencia del Poder Judicial y su posible instrumentalización política persisten. Honduras enfrenta una encrucijada en la que el resultado de esta sesión podría tener repercusiones profundas tanto para el sistema político como para el estado de derecho. Las decisiones que se tomen el 20 de septiembre no solo afectarán a los magistrados presentes, sino que podrían marcar el curso del país en los próximos años.
