Las recientes declaraciones del Fiscal General de Honduras, desestimando el contenido del narcovideo como un simple “show político” y calificándolo de hechos pasados sin relevancia, han encendido el debate nacional.
Sus palabras han sido interpretadas por la oposición como una estrategia para minimizar la implicación de actores políticos en el financiamiento del narcotráfico, mientras que el oficialismo denuncia una campaña de persecución selectiva contra sus líderes.
La polémica del narcovideo y los señalamientos cruzados
El narcovideo expone supuestos vínculos entre miembros del gobierno y el narcotráfico, específicamente en el financiamiento de la campaña de Xiomara Castro en 2013. La difusión de estas imágenes ha llevado a un cruce de acusaciones entre oficialismo y oposición, desatando una tormenta política que evidencia la fragilidad del sistema judicial hondureño.
El precandidato presidencial Jorge Cálix expresó su indignación ante la postura del Fiscal General: “Me da pesar, cólera e indignación escuchar al fiscal general diciendo que el narcovideo es un tema político. ¿Salir con narcos y repartirse dinero es un tema político? Es una vergüenza lo que ha hecho este gobierno, porque son defensores de los narcos”, sentenció Cálix.
Por su parte, la diputada Beatriz Valle reforzó la denuncia:
“La verdad está en el video. Carlos Zelaya, Carlos Muñoz y Adán Funes conspiraron con narcotraficantes para el financiamiento de la campaña de Xiomara Castro en 2013 y la mitad era para el comandante. ¿Qué más quiere el Fiscal?”, cuestionó en sus redes sociales.
Sin embargo, el oficialismo ha respondido con igual dureza. El vicecanciller Gerardo Torres desestimó los señalamientos y lanzó un dardo directo a Valle:
“Ay Bea… Un buen hombre (o buena mujer) puede ser devorada por la ambición”, citando a Montesquieu, lo que desató una nueva serie de ataques entre ambos.
Valle no tardó en contestar:
“Vos sos defensor de narcos, yo no sé nada de eso, excepto ese video que llena de vergüenza a quienes no defendemos lo indefendible. Aunado a la denuncia del tratado de extradición con EE.UU., no queda nada más que decir que ustedes le cumplen a los narcos”.
Torres replicó con acusaciones contra la oposición:
“¿Quién es el presidente de tu partido? ¿No está tu candidato a la presidencia Jorge Cálix rodeado en toda su familia de narcos?”
El fin del tratado de extradición: ¿Protección a los narcos?
El debate ha tomado aún más fuerza con la inminente cancelación del tratado de extradición con Estados Unidos, programada para el 28 de febrero. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, expresó su preocupación:
“No crean que somos ingenuos, el narcotráfico sigue fuerte en el país, porque antes y como ahora influye en las decisiones que se toman desde el poder para protegerse. Cuando este tratado amenazaba con alcanzar a uno de sus allegados, se le dio la estocada final”.
¿Justicia o venganza política?
Este conflicto evidencia un patrón peligroso en Honduras: la judicialización selectiva de la política, donde las acusaciones de corrupción y narcotráfico se utilizan como armas para debilitar a los adversarios, mientras ciertos sectores quedan intocables.
El narcovideo, lejos de ser un simple escándalo mediático, ha sacado a la luz el problema de fondo: la impunidad y la falta de independencia de las instituciones de justicia.
Mientras los sectores políticos se enfrentan en una guerra de declaraciones, el verdadero problema persiste: el narcotráfico sigue operando con impunidad y las decisiones del gobierno parecen estar más alineadas con intereses de protección que con la lucha contra el crimen organizado.
La pregunta clave sigue en el aire: ¿quiénes realmente controlan el país, los políticos o los narcotraficantes?
