Ante el repunte sostenido de enfermedades respiratorias como el COVID-19, el Virus Sincitial Respiratorio (VSR), la Influenza y el resfriado común, el Gobierno de Honduras ha prorrogado la modalidad de teletrabajo para los empleados públicos desde el lunes 28 de julio hasta el domingo 03 de agosto.
La medida busca contener la propagación de virus que, según autoridades sanitarias, están afectando con mayor agresividad a distintos sectores de la población.
El anuncio fue realizado por la Secretaría de Gobernación, Justicia y Descentralización, en atención a las recomendaciones emitidas por la Secretaría de Salud, mediante un comunicado oficial que alerta sobre el “acelerado y sostenido incremento” de enfermedades respiratorias en el país.
El texto advierte que la situación representa un riesgo serio para la salud y la vida de los hondureños, por lo que se justifica limitar el normal funcionamiento de las actividades laborales presenciales.
La disposición abarca a todas las instituciones del Gobierno Central, así como a entidades descentralizadas y desconcentradas, incluyendo organismos bajo regímenes especiales como el Banco Central de Honduras (BCH) y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
No obstante, se autoriza a los titulares de cada dependencia a establecer personal mínimo presencial en casos necesarios.
Quedan excluidas de esta medida las instituciones vinculadas directamente a la seguridad nacional, emergencias médicas u hospitalarias, y aquellas oficinas de atención al ciudadano que ya tenían agendada la emisión de documentos o servicios urgentes durante la semana.
Asimismo, el gobierno recomienda al resto de la población hondureña retomar medidas de bioseguridad, tales como el uso de mascarilla en espacios cerrados y públicos, lavado frecuente de manos, evitar aglomeraciones, y acudir a los centros de salud ante cualquier síntoma respiratorio.
Aunque la medida se presenta como preventiva y basada en criterios técnicos, algunos expertos y sectores de la ciudadanía han comenzado a cuestionar la verdadera motivación detrás de esta decisión.
La falta de cifras claras y actualizadas, junto con declaraciones recientes del neurólogo Marco Tulio Medina —quien advirtió que no existen datos epidemiológicos sólidos que justifiquen una medida de esta magnitud—, ha abierto el debate sobre si esta decisión responde más a fines políticos que sanitarios.
